Tanto el 28-M como el 23-J, las dos citas electorales que marcaron esta legislatura, el PP se quedó atrapado en VOX. Pasados los meses, no ha conseguido desacoplarse de su socio. El programa electoral ultra es una impugnación a los grandes consensos alcanzados en los últimos años. En memoria, en violencia de género, en respeto a los derechos civiles y humanos. Y aunque el PP coqueteó con la ruptura de algunos —derogar la Ley de Memoria Democrática— no lo llegó a hacer con Mariano Rajoy ni en las comunidades donde gobernaba en solitario. A 300 días de los pactos PP-VOX, ambos partidos han decidido desplegar el desmantelamiento de las normas que condenan explícitamente el franquismo.
Una revisión propia de VOX que rompe el consenso al que llegó el PP en 2002, con la primera condena expresa en sede parlamentaria. Las leyes de “concordia” del PP y VOX que pretenden derogar las normas de Memoria Democrática en el País Valencià, Aragón y Castilla y León chocan con la estatal sin diferenciar la democracia de la dictadura. En respuesta, la impugnación del Ejecutivo vía Constitucional pasa por eliminar varios artículos que entienden contrarios a la Carta Magna. Más allá de quién tiene la potestad de fijar la política de memoria, lo más grave está en lo simbólico, en la eliminación de cualquier condena expresa a la dictadura. Y en lo que afecta a los familiares, vulnerando la dignidad de las víctimas al impedir hacer públicos los nombres de los verdugos, pero también las identidades de quienes fueron asesinados. En Valencia, el texto de seis folios se justifica argumentando que la Guerra Civil llevó al extremo las dinámicas de años anteriores. Y en Aragón, una de las comunidades con mayor número de fosas por exhumar, se eligió el 20-N para empezar su tramitación.
Durante el ciclo electoral de 2024 es posible que VOX se descomponga como fuerza política y quede lejos del peso que tiene en el Congreso —tercera fuerza en representación parlamentaria—. No ha entrado en Galicia, será residual en el País Vasco y en Catalunya le adelantará el PP. Decididos a ocupar su discurso de manera capilar a nivel nacional y europeo, Alberto Núñez Feijóo ya compitió con Abascal por el voto rural con declaraciones contra el cambio climático, habló de “'dogmatismo medioambiental” y señaló que el problema de la Agricultura está en Bruselas. Así que a los de Abascal, en las europeas tampoco les será fácil armar un discurso de mayorías anclado en el negacionismo contra la Agenda 2030. Tendrán a Javier Milei —un personaje histriónico en España— mientras se aleja la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, más centrada en su peso en la nueva composición de la UE que en apoyar a las ultraderechas.
En este momento de confrontación entre el Gobierno y la oposición es difícil distinguir cómo sería el PP sin VOX. El rechazo frontal a la amnistía ha llevado a Feijóo a ocupar todo el espacio. En las Cortes hablan en la misma frecuencia y los insultos y crispación —a ambos lados, aunque en muy diferente grado— lo capitaliza el PP. Incluso en la extorsión a los medios, más frecuente de la ultraderecha, el protagonista ha sido el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que pasó del “os voy a triturar” al bulo de los “periodistas encapuchados” en casa de la presidenta madrileña.
Un combate en busca del adelanto electoral que solo puede producirse mediante una moción de censura o convocatoria de Pedro Sánchez. En ambos casos, la fuerza de arrastre de VOX al PP no garantiza a los populares un escenario factible más allá de la mayoría absoluta de los 176 diputados. Y VOX se desintegra, pero no tanto
Si el PP se impusiera en sus gobiernos autonómicos con VOX, es posible que pudiera romper una de las dos cuerdas de arrastre. En la batalla dialéctica ya lo han conseguido, pero siguen sin ampliar el margen de maniobra parlamentaria más allá de los dos diputados de UPN y Coalición Canarias. La elección de Miguel Tellado como portavoz, similar en las formas a su antecesor Teodoro García Egea (en el papel de poli malo de Pablo Casado), le imposibilita para llegar a acuerdos puntuales que rompan las mayorías de investidura. El trabajo fino de desgaste en las votaciones se ha sustituido por la sublevación contra el Ejecutivo y las instituciones. Si la Oficina de Conflictos de Intereses concluye que Pedro Sánchez no debió abstenerse en el rescate de Air Europa, “está comprada”; si Francina Armengol no dimite de la tercera institución del Estado, el PP, en boca de Miguel Tellado, se niega a reconocer su autoridad.
El PNV, a quien el último CIS da una victoria ajustada sobre Bildu y un gobierno con apoyo socialista, no se plantea en ningún escenario pactar con el PP. “Con este PP”, señalan los máximos dirigentes jetzales, no irán a ningún sitio. El discurso duro antinacionalista de Feijóo genera anticuerpos y la futura relación del PP con Junts no está ni mucho menos definida, por más que Feijóo mantenga activa la señal subterránea con los de Puigdemont.
El calendario del ring de aquí a las catalanas está fijado en las Cortes. Las comisiones de investigación serán un tira y afloja entre PP y PSOE haciendo uso de las distintas mayorías para llamar a declarar al Gobierno en el Senado por el caso Koldo; a la oposición en el Congreso para auditar los contratos de las administraciones autonómicas, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Y una anomalía, será Pedro Rollán quien cite a declarar a Francina Armengol por el contrato en Baleares.
Un combate en busca del adelanto electoral que solo puede producirse mediante una moción de censura o convocatoria de Pedro Sánchez. En ambos casos, la fuerza de arrastre de VOX al PP no garantiza a los populares un escenario factible más allá de la mayoría absoluta de los 176 diputados. Y VOX se desintegra, pero no tanto.
VOX, el arrastre permanente
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02.04.2024
Tanto el 28-M como el 23-J, las dos citas electorales que marcaron esta legislatura, el PP se quedó atrapado en VOX. Pasados los meses, no ha conseguido desacoplarse de su socio. El programa electoral ultra es una impugnación a los grandes consensos alcanzados en los últimos años. En memoria, en violencia de género, en respeto a los derechos civiles y humanos. Y aunque el PP coqueteó con la ruptura de algunos —derogar la Ley de Memoria Democrática— no lo llegó a hacer con Mariano Rajoy ni en las comunidades donde gobernaba en solitario. A 300 días de los pactos PP-VOX, ambos partidos han decidido desplegar el desmantelamiento de las normas que condenan explícitamente el franquismo.
Una revisión propia de VOX que rompe el consenso al que llegó el PP en 2002, con la primera condena expresa en sede parlamentaria. Las leyes de “concordia” del PP y VOX que pretenden derogar las normas de Memoria Democrática en el País Valencià, Aragón y Castilla y León chocan con la estatal sin diferenciar la democracia de la dictadura. En respuesta, la impugnación del Ejecutivo vía Constitucional pasa por eliminar varios artículos que entienden contrarios a la Carta Magna. Más allá de quién tiene la potestad de fijar la política de memoria, lo más grave está en lo simbólico, en la eliminación de cualquier condena expresa a la dictadura. Y en lo que afecta a los familiares, vulnerando la dignidad de las víctimas al impedir hacer públicos los........
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