En este particular cierre de curso, donde coincide el fin de año con el arranque de legislatura, la coalición no bajará el ritmo hasta la primera semana de enero. Hasta entonces, la gobernabilidad se bifurca en dos megaautopistas. Los acuerdos a seis de Sánchez, por un lado; el BOE, por otro. Los grandes hitos de la política de pactos han quedado enfilados para 2024. La moción de censura de Pamplona hará alcalde a Joseba Asiron el 28 de diciembre y el ministro Óscar Puente ha sido quien ha tirado del manto de ese tabú con ese “Bildu es un partido progresista democrático”. Asiron ya fue alcalde durante cuatro años, condenó explícitamente a ETA cuando la banda asesinaba y ha concitado más apoyos que los 9 concejales de UPN. El blanqueamiento que señalan PP y Vox pasa porque un alcalde que ya lo ha sido antes, tenga que reafirmar su compromiso democrático.
Quedaba otro veto, la foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no será este año, pero ha sido emplazada para el próximo. Para entonces la ley de amnistía seguirá su curso y seguramente no habrá momento bueno. El posible desgaste a Sánchez no será mayor que la ley e igualará a Junts con el resto de socios de gobierno como operador político. Podemos también ha resuelto su momentum. Irene Montero abrirá la papeleta de las europeas en Podemos en su pugna contra Sumar, que no el PSOE.
La líder de Sumar no cuenta con una mayoría progresista en el Congreso y compite con el doble perfil del PSOE: por un lado, tira del freno de mano desde las áreas de economía y reivindica su lado más social desde la Moncloa y el BOE
En la oposición, Feijóo tampoco se verá con Sánchez hasta el próximo curso. Apuntan a enero, aunque en la lógica y narrativa del PP, no habrá día bueno. Para entonces seguirá tramitándose la amnistía, continuará la presión por el bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial y los socios de Sánchez serán los mismos. Con esto, Feijóo corre el riesgo de que le pasen por encima sus presidentes autonómicos y, por extensión, la política nacional. Mientras se bunkeriza en Génova, Juanma Moreno Bonilla cierra un pacto en Doñana con la vicepresidenta Teresa Ribera; y el ministro Óscar Puente brinda con cava con el presidente valenciano, Carlos Mazón, por la ampliación del puerto de València. El líder del PP está más cerca de pedir a sus comunidades bloquear la negociación por la financiación autonómica y éstas se lo salten.
Resueltas las grandes fotos de 2023 que revelan dónde está cada uno y cerrado el calendario de los simbolismos, la otra gran autopista pasa por los dos últimos Consejos de Ministros. El turno de la vicepresidenta Yolanda Díaz para desplegar la capacidad de negociación de Sumar. Díaz tiene una semana para mostrar el músculo de las políticas de la coalición con Economía y Hacienda enfrente. La líder de Sumar no cuenta con una mayoría progresista en el Congreso y, además, compite con el doble perfil del PSOE, por un lado, tira del freno de mano desde las áreas de economía y reivindica su lado más social desde Moncloa y el BOE.
Una doble competencia que pone a Díaz en un brete. Si el Gobierno renegocia los impuestos a los beneficios caídos del cielo de energéticas y banca, su margen es la ley actual, con el tope de 2024. El pacto social por la vivienda reivindicado por la nueva ministra Isabel Rodríguez o las medidas del próximo decreto ómnibus llevarán el sello de Sánchez. Aun así, le queda margen. Está el SMI, los beneficios laborales y de conciliación con especial atención a las mujeres, o ganar la batalla del subsidio de desempleo que le ha enfrentado a Nadia Calviño.
Decía Irene Montero en su anuncio para liderar las europeas que “se van a repartir nuevas cartas”. En realidad, están todas sobre la mesa y lo que puede ir cambiando es la partida. En la izquierda, el reto de Podemos es ser relevante en el Grupo Mixto sin convertirse en los cinco escaños del boicot. El de Díaz, tener peso dentro del Gobierno sin ser al mismo tiempo oposición, el sello de la primera coalición.
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