La buena noticia de la Operación Catalunya es que no hay alfombras que tapen toda la corrupción durante todo el tiempo. Lo malo es que el PP de hoy no se inmute ante una guerra sucia que lleva su sello. O que en el seno de las altas instituciones judiciales no haya tal revuelo que llene las portadas del día siguiente. Se han hecho demasiados esfuerzos para que la Operación Catalunya no vea la luz y se dimensione en toda su importancia. Un balón que ha entrado demasiadas veces por la Audiencia Nacional y se ha despejado por la puerta de atrás. La operación Kitchen es un espejo de la Operación Catalunya que avanzó a trompicones bajo la instrucción del juez Manuel García Castellón. Por más indicios que llegaron al juzgado, se libró Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y tantos otros implicados del “Luis (Bárcenas), sé fuerte”. Mismo patrón, mismos actores de aquel "la fiscalía te lo afina" que delató al ministro Jorge Fernández Díaz y su intención de fabricar pruebas contra quienes defendían el proceso soberanista.
En la Kitchen, una porción de la misma trama, el comisario José Villarejo aportó un número de móvil al juez desde el que decía escribirse con Mariano Rajoy y el juez no pidió una sola comprobación. Lo mismo ocurrió con Cospedal, al frente del PP. La escuchamos en numerosos audios extorsionar a unos y otros para hacer desaparecer pruebas de la caja B. García Castellón se negó a aceptar la imputación de ambos y el fiscal Anticorrupción llegó a decirle: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si hubiera establecido un cordón, una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”.
Engañan quienes ven peligrar el estado de derecho por la tramitación de la ley de amnistía y no se inmutan ante la necesidad de aclarar cómo un gobierno utilizó a la policía, la Fiscalía, la justicia y las unidades de anticorrupción para perseguir a independentistas
Todos los indicios apuntan a que el ejecutivo de Rajoy actuó al margen de la ley porque los cauces legales no eran suficientes para debilitar al independentismo. Donde debía haber política, hubo guerra sucia. Mientras unos respondieron a la justicia con la sentencia del procés y en decenas de causas judiciales, hay prácticas todavía impunes que empeoraron la convivencia y vulneraron la tan proclamada legalidad.
Con todos los informes y documentos que ya se han publicado, engañan quienes ven peligrar el estado de derecho por la tramitación de la ley de amnistía y no se inmutan ante la necesidad de aclarar cómo un Gobierno utilizó a la policía, la Fiscalía, la justicia y las unidades de anticorrupción para perseguir a independentistas. Quienes ven sombras en una ley que pasará por todas las instancias judiciales nacionales y europeas, pero normalizan informes parapoliciales que llevaron a la cárcel a políticos y empresarios sin pruebas firmes. Quienes se rasgan las vestiduras por la desigualdad de los españoles ante amnistías e indultos y no ven un socavón democrático en la persecución del “enemigo político”. Y engañan también quienes utilizan una balanza de la justicia tan trucada que los derechos y garantías solo son para unos pocos. A quienes airean ese discurso tan machacado de esta legislatura y callan con los informes de la Operación Catalunya, no les importa la calidad de la democracia, tampoco la igualdad, es otra cosa.
En la fractura del procés hubo también una fractura del Estado. Donde debió haber política, se buscaron subterfugios para eliminar al enemigo político. Donde debió haber negociaciones y diálogo para evitar el despliegue del 155, hubo un reguero de pruebas falsas y prácticas que siguen impunes. Una persecución al margen de la legalidad que dinamita la confianza en las instituciones.
El sociólogo Víctor Lapuente proponía en una columna de El País a raíz de la amnistía “un sencillo test: cambia Junts por Vox si piensas por cuenta propia o solo repites lo que piensa tu partido”. Esto es lo mismo, cambiar los informes parapoliciales contra independentistas por populares. El resultado tiene que ser el mismo. En el día a día, al gobierno hay que pedirle cuentas, al independentismo también. Y al PP, explicaciones. Mientras cancela la rueda de prensa de los lunes y saca a Mariano Rajoy en campaña en Galicia o por las plazas de Madrid contra la amnistía, hay que exigir que no se boicotee la comisión de investigación parlamentaria por la que deben pasar a rendir cuentas todos los que pasaron por la trama.
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