Esta semana la ley de amnistía vuelve a la casilla de salida. Ha bajado el suflé de la primera votación fallida tras el no de Junts y la Mesa del Congreso ha decidido los nuevos plazos. De aquí al 21 de febrero hay tiempo y el PSOE tiene la intención de retomar esta misma semana las negociaciones. Sin focos, sin mesas de diálogo, pero sí contactos para ver las opciones de una ley que se da por hecho que saldrá.
El último ofrecimiento del PSOE tiene doble mensaje. Pedro Sánchez está abierto a negociar, pero no sobre el texto de la ley. Reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acotar las prórrogas de las instrucciones judiciales supone volver al modelo de 2015, a la reforma del PP aprobada para intentar acelerar el cierre de los casos de corrupción que inundaban al partido en los tribunales. El PSOE se opuso y se enfrenta a esa contradicción interna, pero no a la crítica de los populares, que tendrán difícil arremeter contra un modelo que aprobaron hace ocho años.
El Ejecutivo ya no oculta su malestar con algunas actuaciones judiciales y Sánchez ha asumido los mensajes en primera persona. Del "independentismo catalán no es terrorismo" a asumir la reforma de las prórrogas judiciales para que sean los fiscales quienes estén al mando, escuchadas las partes. Es el ofrecimiento de un cambio legal para evitar que se utilice Tsunami o la trama rusa como causas durmientes que se aceleran o activan al paso de la política.
Sin amnistía y sin presupuestos, el Gobierno tiene el oxígeno de media legislatura; desestabilizar el pacto y el acuerdo tiene una pieza de caza mayor: la legislatura
El otro mensaje es que la amnistía no se toca. No está en la realidad jurídica del PSOE modificar un texto que ya ven al límite de cara al Constitucional y Europa. Sin amnistía y sin presupuestos, el Gobierno tiene el oxígeno de media legislatura. Desestabilizar el pacto y el acuerdo tiene una pieza de caza mayor, la legislatura. Y en esa carretera hay varios actores intentando sacar del paso a la coalición.
La vía judicial también necesita su oxígeno y la decisión de la Fiscalía de la Junta de Fiscales de hoy martes es clave. El fiscal del caso Tsunami Democràtic “jamás” —en palabras de fuentes de la causa— ha visto terrorismo en las actuaciones de Carles Puigdemont y Marta Rovira durante la instrucción. Ni en 2019, ni en 2024. En su auto, conocido después de que Manuel García-Castellón elevara la causa al Supremo evitando el informe del ministerio fiscal, Miguel Ángel Carballo además de no verlo señaló las “flagrantes contradicciones” del juez y la “falta de argumentos” de unos supuestos indicios que son meras “conjeturas” contra Puigdemont y también Ruben Wagensberg.
La última andanada, en este caso mediática, ha sido contra el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, también de perfil conservador, acusado de cambiar de criterio tras reunirse con el fiscal general. Redondo se ha visto forzado a desmentirlo en público con una contundencia inusual. “Tengo 64 años, 46 de los cuales he estado al servicio del derecho”. Redondo no recibió “no ya una instrucción, ni siquiera la más mínima sugerencia”.
Es difícil prever hasta dónde llegará el polémico delito de terrorismo cinco años después de los hechos. La “templanza y firmeza” que repite Sánchez no será la tónica de las próximas semanas. Y en medio, se cruzan las elecciones gallegas. La sequía. Las protestas del campo. Y un PSOE que aguanta en las encuestas a pesar de la amnistía. Aunque Feijóo anuncie, también en plena campaña del enclave donde más se la juega, su disposición a pactar con Junts, el ciclo no ha cambiado.
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