La ofensiva judicial y política contra la amnistía y, por extensión, la investidura ha conseguido inquietar a un ciudadano medio que no vota al PP ni a Vox y confiaba en la independencia judicial como garante del estado de derecho. Un votante ajeno al procés e incluso a Catalunya que ve con estupor cómo se mueven ciertos mecanismos que imaginaba enraizados en la separación de poderes. La independencia judicial es un ejercicio y son los gestos, y ambos han saltado por los aires desde las elecciones. Ya casi nadie disimula. Si hay pacto, la ley de amnistía tendrá que pasar por un trámite parlamentario, será aprobada por mayoría y su constitucionalidad será valorada por el Tribunal Constitucional. Hasta aquí, las reglas dadas. El resto, son acciones contra el espíritu constitucional por quienes no quieren una investidura con nacionalistas e independentistas.
Que la amnistía no era el escenario previsto y es un mal menor para formar gobierno es un hecho que el PSOE no puede negar aún con el respaldo de la militancia. Pero la respuesta de quienes no han podido formar gobierno, además de avivar una fuerte corriente antipolítica, está pasando varios límites. Las movilizaciones en la sede de Ferraz al grito de "Sánchez, hijo de puta, a prisión", con agresiones e insultos en directo a periodistas, han sido jaleadas en presencia de Esperanza Aguirre, Santiago Abascal, militantes del PP y dirigentes de Vox. Una turba de ultraderecha que corea "viva Franco", "socialistas terroristas" o "con los moros no hay cojones" y que el PP nacional lejos de censurar, anima. Diputados del PSOE denuncian un acoso permanente y personalizado, y desde el PSOE han condenado los ataques a las sedes por distintas comunidades autónomas. Si acaba en un acto violento, ¿quién se hará responsable?
Según pasan los días, los socialistas se desgastan al no llenar con argumentos el vacío temporal de las negociaciones
Vayamos a otro frente, la cámara alta. El Senado de mayoría popular pretende cambiar el reglamento para ralentizar una sola ley. Otro más, los obispos españoles se suman a la fiesta contra la amnistía en plena polémica en medio de la llamada del Papa a una reunión extraordinaria en Roma para que respondan por los abusos sexuales en la Iglesia. Otro más, el procés había terminado —se decía cuando apareció en escena la amnistía—, pero las causas judiciales están recobrando vida y evidenciando los centenares de cargos que cinco años después siguen pendientes de juicio.
Cada vez que Carles Puigdemont alcanza un pico de protagonismo político, la justicia se pronuncia en una sospechosa coincidencia de tiempos. La semana pasada, cuando las negociaciones avanzaban, activaron instrucciones del procés que llevaban años en el limbo. Pasó también la mañana post 23-J, con los resultados electorales en caliente y la llave del gobierno en manos de Junts, la Fiscalía del Supremo pidió al juez Pablo Llarena ordenar la detención de Puigdemont, incluida la de Carles Comín. La petición se produjo tras la sentencia del TJUE del 5 de julio que retiraba su inmunidad como europarlamentarios. Pudo haberse emitido días después, pero coincidió (sic) con la mañana electoral. El triple salto del juez Manuel García-Castellón descolgándose con una acusación por terrorismo ha llegado el día en que PSOE y Junts podían anunciar la fumata blanca. García-Castellón, que acaba de pronunciarse en público contra la amnistía —motivo de recusación—, que ha ido archivando todas las causas de financiación irregular del PP mientras ha mantenido con respiración asistida las que afectan a otros partidos. La Fiscalía ya le advirtió en su día que estaba cruzando todas las líneas de la investigación. Ahora, en la previa de la investidura, la historia se repite.
Además de las causas concretas, otro frente preocupante. La acción de los ocho vocales conservadores forzando un pleno extraordinario contra una ley que no existe. No han podido emitir un dictamen porque no tienen texto sobre el que opinar ni encargo para emitir su informe. Así que el resultado es un comunicado a modo de manifiesto activista en contra de la ley y de Pedro Sánchez, un exceso a la neutralidad que deben —por ley— como vocales. Atenta más contra el espíritu de la Constitución una declaración fuera de las funciones del órgano constitucional que un texto de ley inexistente hoy que tendrá que pasar los trámites reglamentarios.
Mientras el PSOE y Junts pactan los últimos tecnicismos de la ley, no sabemos si hoy mismo habrá acuerdo o faltará una semana, dos incluso, apurando al límite legal del 24 de noviembre. Según pasan los días, los socialistas se desgastan al no llenar con argumentos el vacío temporal de las negociaciones. Y con este escenario, los de Puigdemont pueden tener la tentación de apurar el tiempo para que sigamos contemplando lo duro del paisaje, hasta dónde son capaces de llevar algunos el "apreteu, apreteu" contra la investidura.
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