Por razones que no vienen al caso, durante muchos años he tenido relación con organizaciones empresariales y, desde hace menos, también con sindicales. De todos ellos tengo una opinión de reconocimiento de la tarea de defensa que hacen de sus intereses particulares, generalmente contrapuestos, pero siempre en el marco del respeto y el diálogo, que es lo que corresponde en cualquier país civilizado.

Sin embargo, entre posiciones enfrentadas, de vez en cuando se producen confluencias que, para alguien que se lo mira como espectador ajeno al sector, pueden resultar chocantes. La actualidad nos brinda una de estas situaciones: rivales en intereses se ponen de acuerdo para hacer un frente común a la ley de cámaras de comercio, que se encuentra en fase de discusión parlamentaria y que cuando se apruebe sustituirá la ley vigente, del lejano año 2002, y se adaptará a la ley básica de Cámaras oficiales del Estado español del año 2014.

La proposición de ley en cuestión ha originado movimientos confluentes por parte de los dos sindicatos mayoritarios y las dos organizaciones empresariales más representativas en Catalunya. El principal motivo de oponerse a aspectos de la ley de cámaras es defender preventivamente su statu quo, no fuera a ser que se diera entrada a un nuevo protagonista en la estructura de relaciones entre trabajadores y empresarios. La oposición se hace, en algún caso, con unas justificaciones que resultan dudosas de sostener y, en otros, con una probable exageración de los derechos de patronales y sindicatos. En cualquier........

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