El año 2023 ha sido un año que hemos cerrado con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5 por ciento, y por tanto, creciendo cinco veces más que la media de la zona euro, y liderando el crecimiento entre las grandes economías.
Ha sido, además, el año en el que hemos logrado estabilizar y moderar la inflación, y también el año de datos históricos de creación de empleo, alcanzando casi los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y creando más de 540.000 empleos en términos desestacionalizados en un solo año.
Pero también, conocemos ya, que 2023 ha sido un año en el que hemos logrado reducir el déficit público por encima de las propias previsiones del Gobierno y de todos los organismos, situándose en el 3,7 por ciento al cierre del año, y por tanto, cumpliendo los objetivos marcados.
Esas cifras y datos, que dibujan un buen contexto económico para seguir creciendo, creando empleo, y reduciendo la inflación y el déficit, se han mantenido en los primeros meses del año 2024.
Y, las previsiones de crecimiento económico, con el efecto arrastre del último trimestre del año pasado, se sitúan en el entorno del 2 por ciento por parte de todos los organismos. En los primeros meses del año, ya tenemos más de 147.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, y la inflación en febrero se ha reducido al 2,8 por ciento y la subyacente al 3,4 por ciento, la tasa más baja en dos años.
Un contexto propicio para la elaboración de unas nuevas cuentas públicas, que no será posible por la vorágine electoral que vive la política española y alcanza a todas las esferas y ámbitos.
De un tiempo a esta parte, más o menos desde hace una década, los ciclos electorales son cada vez más cortos y ello condiciona, entre otras cuestiones, el margen presupuestario con el que un Gobierno dispone en una legislatura. Una situación excepcional de la que este Gobierno no iba a ser ajeno, pero a la que responde con eficacia.
En los últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy, España vivió una época de presupuestos prorrogados, fue así en 2016, 2017 y 2018, marcados por recortes, subidas de impuestos y objetivos de déficit y de deuda estrictos, que dejaban escaso margen de maniobra presupuestaria para la inversión en servicios públicos o en infraestructuras; o que asfixiaban a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y este no es el caso del presupuesto prorrogado en 2024.
En los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado aprobar tres presupuestos consecutivos en una misma legislatura, demostrando que la estabilidad se construye desde la confianza parlamentaria que surge del diálogo y el acuerdo, y que predomina sobre el ruido que algunos pretenden imponer sin éxito.
Unas cuentas que, año tras año, han movilizado recursos sin precedentes en sanidad, educación, dependencia, vivienda o también en ciencia, investigación e innovación. Y que, en 2023, han alcanzado cifras de inversión históricas en dichas materias. Una buena base sobre la que seguir consolidando inversiones en los próximos nueve meses.
El adelanto electoral en Cataluña, las elecciones en Euskadi y las elecciones europeas, han establecido un calendario electoral en el que el debate, la negociación y el acuerdo presupuestario no tenían espacio. Elaborar unos Presupuestos para poder ser aprobados en junio más allá de una quimera, eran también una irrealidad porque serían unas cuentas públicas muy difíciles de ejecutar en tiempo y forma antes del 31 de diciembre.
Por tanto, la decisión de mantener la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 este año, prorrogados desde el 1 de enero de forma automática cuando no son aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, tal y como establece la Constitución en su artículo 134, es una decisión acertada.
En el contexto actual, tomar esa decisión permite trabajar desde ya en unas nuevas cuentas públicas para que, desde el 1 de enero de 2025 contemos con una nueva hoja de ruta presupuestaria. Un ejercicio de responsabilidad y madurez política, pero también un síntoma de sinceridad y de realismo político que muchos son incapaces de hacer pero que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido la valentía y la seguridad de confirmar.
Una prórroga, no obstante, que permite mantener la revalorización de las pensiones un 3,8 por ciento, la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 5 por ciento hasta alcanzar los 1.134 euros, el alza de las prestaciones por desempleo o el incremento salarial de los empleados públicos.
Unas cuentas públicas, las de 2023, que también sirven para seguir desplegando reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el suficiente margen para ejecutar los desembolsos previstos en tiempo y forma, y desarrollar las inversiones previstas en la Adenda, que moviliza la totalidad de recursos asignados a España en los fondos Next Generation EU.
Y que van a permitir seguir transformando la economía y el tejido productivo a través de la canalización de recursos en los proyectos estratégicos que dibujan el país del futuro.
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