El actual presidente en funciones y presumiblemente, salvo sorpresa, nuevo presidente de la nación española ha llegado a una serie de acuerdos con los enemigos de España, los independentistas de Junts, para ser investido. Su investidura se hará después de haberse aprobado una amnistía general, totalmente discutible en su legalidad y constitucionalidad para los implicados en los graves desórdenes acaecidos en Cataluña. Los mismos, recordarán, se produjeron por parte de los independentistas, próximamente amnistiados, a raíz del referéndum ilegal y la muy fugaz declaración de independencia. Posteriormente, Carles Puigdemont huyó del país de una forma ignominiosa -en el maletero de un coche- con dirección a Waterloo.
Las declaraciones del presidente del Gobierno en aquellos momentos, ahora en funciones, fueron muy claras: "El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución". Esta declaración se realizó a las setenta y dos horas, tres días, después de las últimas elecciones generales. ¿A qué se debe ese cambio copernicano al que, boquiabiertos y asombrados hemos asistido? Solo se me ocurre y me viene a la cabeza, el mantenimiento sin ningún escrúpulo ni moralidad de la ostentación del poder. Vamos, seguir en la poltrona.
La sociedad española es poco combativa y muy poco conflictiva, nada que ver con la opinión pública de nuestra vecina Francia. Sin embargo, y a diferencia de otras tropelías cometidas en este país, creo que la respuesta ha sorprendido a propios y extraños. Manifestaciones y concentraciones numerosísimas, una práctica unanimidad en el rechazo por parte de importantes instituciones públicas, ejemplo del Consejo del Poder Judicial o los fiscales, declaraciones en contra de organizaciones sociales. Importantes figuras históricas y de referencia del propio PSOE en contra de la medida, no solo históricos, también presentes, con declaraciones totalmente discordantes y en contra de lo acordado. Personas como Juan Luis Cebrian o D. Fernando Savater, por no hacer una larga lista, tampoco coinciden con lo acordado.
Parece increíble que, salvo sus aduladores y 'lameculos' en busca de "que hay de lo mío", se hayan puesto de acuerdo de forma unánime. Desde luego no recuerdo una unanimidad como ésta en fechas recientes. Bueno, hay que señalar que los dos grandes sindicatos CCOO y UGT no han dicho ni una sola palabra, estarán pensando en las regalías a recibir.
La situación es tan preocupante que la propia Comisión Europea se ha puesto en contacto con el gobierno en funciones para conocer de primera mano los acuerdos alcanzados. Incluso se especula con el hecho de que las medidas pueden ser contrarias a los principios que deben contemplar los países miembros. Recuerden el conflicto con Polonia por el tema de la justicia.
Ahora bien, ¿está justificado tanto revuelo? En mi opinión: total y absolutamente. La situación es gravísima, parece ser que en España hemos enterrado a Montesquieu y su pensamiento. A su vez, lo hemos cambiado por los principios del chavismo, esas ideas y formas de gobernar dictatoriales, antidemocráticas y que hunde a los países donde están presentes en la pobreza más absoluta, rompiendo además la paz social y que ocasiona el éxodo de millones de sus ciudadanos.
El filósofo francés Montesquieu es el padre de la separación de poderes o división de poderes. Este concepto es un principio político en el cual los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial del Estado están en órganos distintos, autónomos y totalmente independientes. Precisamente este es el principio de la democracia representativa.
Por cierto, fue el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra en el año de 1985 y la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial quien lo puso sobre la mesa. Mediante esa ley, 20 vocales del CGPJ serían elegidos por las cámaras a partes semejantes. Quizá de aquella primera acción, vengan hoy las consecuencias que estamos viendo. Como dice el refrán, "de aquellos polvos, estos lodos".
La felonía llevada a cabo por este personaje sin ningún tipo de principios, moralidad, ni ideas más que la de ser presidente, fractura a España. En primer lugar, no respeta la separación de poderes con la admisión del lawfare o guerra jurídica. Ahora desde las Cortes se podrán abrir comisiones de investigación a los jueces. ¡Viva la separación de poderes!
Económicamente, rompe principios como: financiación autonómica, distribución de la deuda de Cataluña entre los españoles -no es una condonación, lo pagamos el resto-, problemas para el rating de la deuda pública nacional, posible ruptura de la caja única de las pensiones, diferencia de fiscalidad según la CC AA… Podría continuar, pero vamos a parar aquí. Por cierto, no puedo por menos negar que las empresas que han salido de Cataluña, al igual que los ciudadanos, vayan a volver; es más, las multinacionales e inversores se pensarán mucho si invertir en esta región de España, que no decir país.
Por cierto, y dado que Cataluña es una región de España, a qué viene la figura del relator en Suiza. Es incomprensible esa decisión, insisto es una región o autonomía española.
Por supuesto habrá varias Españas, si es que sigue existiendo nuestro reino, con diferencias palpables entre los residentes en cada área.
Ya se puede decir y muy alto que nuestra nación está condenada a abandonar los postulados de las democracias representativas a las dictaduras chavistas.
Ya saben que:
"De todas las historias de la Historia
Sin duda la más triste es la de España
Porque termina mal" Gil de Biedma
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