A los quince años, según el Ministerio de Defensa, es en promedio cuando un grupo armado recluta a un niño en Colombia. Quince años. Mientras algunos jóvenes están pensando en su futuro, otros son obligados a cargar un fusil, abandonar sus familias y convertirse en instrumentos de guerra. Detrás de cada cifra de reclutamiento, secuestro, desplazamiento o desaparición hay una historia que el país no puede olvidar y que el Estado tiene la obligación de reparar.

Las dimensiones de esa tragedia son enormes. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, con corte a febrero de 2026, Colombia registra más de 9,1 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 208.438 víctimas de desaparición forzada y 42.607 de secuestro. No son simples números en una base de datos. Son familias que tuvieron que abandonar sus hogares, padres que todavía buscan a sus hijos y personas a quienes les arrebataron años de libertad. Esa es la deuda histórica que el país tiene con quienes han padecido la violencia.

La aprobación de la Ley de Sometimiento representa un paso importante en la estrategia del Gobierno para enfrentar las estructuras criminales, recuperar territorios y abrir caminos jurídicos que permitan abandonar definitivamente la ilegalidad. Colombia........

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