Abrí el periódico como lo hago todas las mañanas. Café en mano. Rutina automática. La nota decía: una niña de tres años llega a su casa con dolores físicos. Sus papás la llevaron al médico. El diagnóstico: una enfermedad de transmisión sexual. Tres años.

Después vino la investigación: una maestra de kínder, frente a un grupo de niños de tres y cuatro años, utilizaba un “juego” para abusar sexualmente de sus alumnos. Punto.

Eso ocurrió dentro de una escuela. No en la calle. No en un espacio controlado por el crimen organizado. No en la clandestinidad. En un salón de clases.

Y cuando el abuso ocurre dentro del sistema educativo público, la discusión no puede limitarse a encontrar a un culpable. La pregunta obligada es otra: ¿qué falló para que esa persona llegara ahí?

¿Dónde estuvieron los filtros? ¿Quién supervisó? ¿Qué mecanismos de prevención no se activaron? ¿Qué alertas fueron ignoradas? La responsabilidad individual es indiscutible. Pero la responsabilidad institucional también.

La Secretaría de Educación Pública es la autoridad rectora del sistema educativo. Bajo su estructura operan miles de escuelas públicas donde millones de niñas y niños pasan la mayor parte de su día. Si ese espacio no es absolutamente seguro, entonces el problema no es aislado: es estructural.

La escuela debería ser el principal factor de protección frente a la violencia. El lugar que detecta señales de abuso en casa. El espacio que rompe ciclos de violencia. La institución que ofrece oportunidades distintas a contextos familiares adversos. Pero eso solo es cierto si el aula está blindada.

Cuando una persona con conductas pederastas puede colocarse frente a un grupo de preescolar, la pregunta no es solo cómo castigamos después. La pregunta es por qué no prevenimos antes.

¿Existen evaluaciones psicológicas periódicas obligatorias para el personal docente? ¿Se realizan controles de idoneidad más allá del trámite administrativo? ¿Hay protocolos nacionales unificados de prevención y detección de abuso sexual infantil? ¿Funcionan los mecanismos de denuncia sin temor a represalias?

En los últimos meses hemos visto riñas escolares que terminan en apuñalamientos, acoso que escala hasta la muerte y denuncias reiteradas de abuso en kinders y primarias. La violencia dentro de las escuelas ya no puede tratarse como una excepción.

La prevención no puede ser un documento archivado. Tiene que ser política pública activa, medible y auditada.

La escuela pública es una de las herramientas más poderosas para transformar trayectorias de vida. Puede intervenir en contextos de violencia intrafamiliar. Puede ofrecer contención. Puede cambiar el rumbo de una familia entera.

Pero si la escuela se convierte en riesgo, el sistema pierde su principal mecanismo de protección social.

Cuando una niña de tres años adquiere una infección sexual dentro de un aula, no solo se vulnera su cuerpo. Se vulnera la confianza en la institución encargada de protegerla.

México tiene una deuda profunda con sus infancias. Y esa deuda no se salda reaccionando ante escándalos. Se salda fortaleciendo instituciones, profesionalizando filtros, supervisando con rigor y colocando la seguridad de niñas y niños por encima de cualquier comodidad burocrática.

La escuela debe ser el lugar que salva.

Si no lo es, alguien tiene que asumir que el sistema está fallando.

Presidenta de Reinserta. @saskianino

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