Si queremos mejorar la seguridad en México hace falta perfeccionar el modelo de justicia existente, incorporando el uso de la inteligencia en el combate integral a la delincuencia, en particular la generada por el crimen organizado en diversas zonas del territorio, y que repercute innegablemente en la tranquilidad y seguridad de la población que le toca convivir con esta problemática a diario. Por lo que es necesario transformar el entorno de impunidad que impera alrededor de este fenómeno y que socava el Estado de Derecho.
Por ello, es esencial fortalecer la cooperación entre las agencias de seguridad y justicia que contribuyen a la prevención y combate de los delitos, y hacen del uso de la inteligencia su principal herramienta de trabajo. De manera que dicha cooperación ayude a redefinir los objetivos en la lucha contra los principales grupos delictivos del país y a focalizar los recursos humanos, materiales y económicos en aras de llevar los casos ante los tribunales con efectividad y restarles operatividad y financiamiento a las estructuras económicas de la delincuencia en el corto y mediano plazo, hasta su total erradicación. Y el éxito recae en la detección temprana de la delincuencia, he aquí donde el uso de la inteligencia es fundamental, con unidades de análisis de contexto y unidades de imputado desconocido y las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas (UIPES).
El pasado 28 de noviembre, la UIPE del estado de Hidalgo, dependiente de la Procuraduría local, celebró un Acuerdo de Colaboración para el intercambio de información con las UIPES de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala como una respuesta a las nuevas formas de actuar de grupos delictivos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, y atendiendo a los tratados internacionales y acuerdos firmados por el Estado Mexicano entre los que se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, la Convención de Viena y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, así como al cumplimiento generados por las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su avance.
Es de vital importancia generar un frente común de combate contra grupos delictivos que operan en territorio nacional, atendiendo también a los acuerdos que se han generado en la Comisión General de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México, lo cual fortalecerá los esfuerzos que cada unidad realice día a día en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos precedentes que contribuirá, decíamos, en la estrategia nacional contra el crimen organizado, incluidas las redes de corrupción que la amparan en sus diversas facetas, y su combate a nivel regional e internacional.
Sobre estas directrices México debe fortalecer los mecanismos formales e informales con autoridades e instituciones de inteligencia de los Estados o crear los necesarios, de manera que coadyuven en investigaciones de delitos de alto impacto, con especial interés en los delitos cometidos contra las mujeres, con un enfoque central en la toma de decisiones sobre la base de información estratégica y eficaz.
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