Los escasos avances que ha logrado, en su primer mes de aplicación, el llamado “Plan Michoacán”, con el que la presidente Claudia Sheinbaum intentó apagar el fuego de la rebelión popular que se encendió en las tierras michoacanas a raíz del cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo, se deben en buena medida a la permanencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo mandato fue repudiado y cuestionado por los michoacanos en las protestas estudiantiles y ciudadanas que sacudieron al estado en los primeros días de noviembre pasado.

Los gritos de “Fuera Bedolla” que resonaron con toda claridad lo mismo en Morelia, que en Uruapan y en Apatzingán, las ciudades de las tres regiones en que se divide el estado, no fueron parte de ninguna conspiración política u opositora, como falazmente acusó el gobernador. Fue la expresión de una ciudadanía michoacana que lleva ya cuatro años sufriendo la violencia narca, con ejecuciones, desapariciones, extorsiones y ataques con minas subterráneas y drones, mientras Ramírez Bedolla mantenía una sospechosa pasividad e ineficacia para combatir a los grupos criminales a los que su gobierno ha tolerado y hasta parece brindarles protección e impunidad.

Esa pasividad e indolencia, mientras asesinaban a líderes de limoneros y cobraban derecho de piso a los aguacateros, hizo que entre los michoacanos se generalizara la percepción de que tenían a un gobernador que no ejercía el poder ni la fuerza del estado para enfrentar a los criminales que en los últimos cuatro años volvieron a dominar las regiones de la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, las dos zonas más productivas del estado, mientras Morelia, la capital y donde vive y opera el gobernador, se mantenía tranquila, como si hubiera algún tipo de pacto o acuerdo con los narcos.

No es la primera vez que un gobernador michoacano es señalado por la vox populi de proteger o permitir la impunidad de los narcos. Michoacán ha vivido en los últimos 20 años una total descomposición, producto de la violencia y el control territorial del narcotráfico, que pasó por los gobiernos del PRI, del PRD y ahora de Morena.

No fue casualidad que el 10 de diciembre de 2006 Michoacán fuera el primer estado de la República en registrar una movilización importante del Ejército mexicano, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narco” y se propuso limpiar a la entidad michoacana de los cárteles de la droga y de la violencia que ya desde ese tiempo afectaba a los habitantes de las distintas regiones del estado.

Curiosamente aquella primera incursión militar en el estado occidental —que hoy es reiteradamente cuestionada por la presidenta Sheinbaum— ocurrió a petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entonces perredista y ahora morenista y jefe de la Oficina presidencial de la doctora, quien solicitó al presidente Calderón el envío de ayuda federal para tratar de controlar al narcotráfico que ya en ese tiempo se había desbordado en la entidad y amenazaba el control de las autoridades estatales y federales.

Hoy, que el gobierno federal ha vuelto a tomar el control de Michoacán, bajo el mando del secretario Omar García Harfuch, Ramírez Bedolla se ha vuelvo prácticamente un cero a la izquierda, un gobernador debilitado y cuestionado que nunca tuvo el control del estado y que ahora se limita a acatar las órdenes federales que tuvieron que entrar a instrumentar de urgencia el llamado “Plan Michoacán”, ante........

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