En medio de tropiezos, dislates legales y evidente desconocimiento de la materia jurídica de la mayoría de sus nuevos ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está convirtiendo, en esta nueva y reciente etapa, no en una fuente de certeza jurídica y de garantía de constitucionalidad, sino más bien en una institución que, con sus debates y ocurrencias políticas y hasta ideológicas de algunos de sus integrantes, empieza a generar tensión e incertidumbre sobre la fortaleza de la legalidad y del nuevo sistema jurídico surgido de la cuestionada elección judicial de junio pasado.

Prueba de ello son las múltiples quejas y preocupaciones expresadas hasta ahora por empresas extranjeras, la mayoría de origen estadounidense, que han manifestado las dudas y preocupaciones que les provocan los nuevos juzgadores electos por el voto popular, desde los nuevos jueces de la materia civil y mercantil, hasta los magistrados y los ministros de la Corte que nomás no logran pasar la curva de aprendizaje y se muestran torpes, inexpertos y hasta prepotentes a la hora de revisar los recursos judiciales que tienen que resolver.

Apenas el 11 de noviembre pasado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, USCC por sus siglas en inglés, le pidió públicamente a la administración de Donald Trump que apoyara a las 3 millones de empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, y a las asociaciones industriales estatales y locales de su país, fortaleciendo la protección de las inversiones estadounidenses en el TMEC, para contrarrestar los efectos negativos que observan tras la Reforma Judicial en México.

“Lamentablemente, en los últimos años, las empresas estadounidenses que invierten en México han sufrido discriminación y expropiación, y han tenido que recurrir a las protecciones de inversiones fundamentales que se encuentran en el acuerdo. La revisión del TMEC debe respaldar, como mínimo, el nivel actual de protección (ISDS y SSDS), y el gobierno debería considerar fortalecer sus medidas de aplicación”, dijo la USCC en su carta al presidente Trump.

A ellos se sumaron los directivos de las principales corporaciones transnacionales de Estados, agrupados en la Business Roundtable (BRT), quienes también le expresaron al gobierno de su país su preocupación por la Reforma Judicial mexicana, al considerar que “politizan” al Poder Judicial y amenazan los mecanismos de arbitraje independiente entre empresas y el Estado mexicano. Unos 200........

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