S e acercan las elecciones y aumenta la preocupación por el papel que jugará el crimen en ellas. La violencia creciente en el país orilló a que el Instituto Nacional Electoral presentara a los partidos políticos un esquema de seguridad para atender únicamente a las candidaturas federales. Esto significa que los candidatos locales que se sientan amenazados por la delincuencia y soliciten protección, serán canalizados a mesas de seguridad local. Es la primera vez que ocurre así. Con ello, básicamente se está dejando a su suerte a los aspirantes más vulnerables.
Sabemos por experiencia que el más alto riesgo para los candidatos se da a nivel municipal. En la elección intermedia de 2021, el 82 por ciento de los aspirantes que solicitaron protección buscaban gobernar una alcaldía. Muchos de ellos no lo lograron. A algunos los asustaron y a otros los mataron. Las policías municipales son las más vulnerables y más comúnmente infiltradas por el crimen organizado, por lo que no se puede contar con ellas para resguardar a quienes no tienen el visto bueno de la delincuencia.
No se trata de un problema nuevo, pero sí cambiante y en aumento. Antes, buena parte de los ataques o amenazas solían ocurrir en poblados apartados, marginados y con menos de cien mil habitantes. Sin embargo, conforme la delincuencia se fortalece, las agresiones se van dando a niveles más altos.
Por otro lado, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el personal del Instituto no entrará a las comunidades en las que los habitantes lo impidan, Mencionó que tienen detectados focos rojos, como en Michoacán, a los que no se van a meter. “Se tienen que respetar, por las razones que sean, las reglas de las comunidades”, dijo.
No se le puede juzgar por tirar desde ahora la toalla. El trabajo del INE es organizar elecciones, no recuperar territorios gobernados de facto por delincuentes. Ya en 2021 hubo bloqueos y actos violentos en cuatro municipios de Michoacán por parte del crimen organizado. Algunas casillas se declararon nulas luego de que personas armadas amenazaran a los votantes. En regiones en las que los asesinatos son una constante, toca proteger al personal en campo.
El Tribunal Electoral también se ha manifestado al respecto. Los magistrados han enfatizado que la posible participación del crimen en los procesos electorales no puede ser ignorada por las autoridades federales. Recordaron incluso que se puede anular una elección si se comprueba la participación del narco. Sin embargo, para llegar a la anulación, hay que reunir las pruebas suficientes para determinar que hubo una injerencia directa en el resultado. Ahí es donde se empantana el asunto.
La dolorosa conclusión es que la violencia va ganando terreno. Hubo un tiempo en el que los grupos criminales primordialmente producían y vendían drogas. Hoy roban, extorsionan, secuestran, matan, imponen candidatos y a través de ellos gobiernan. Si la autoridad elige no verlo, peor. Eso solo nos aleja de una posible solución.
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