La ofensiva contra el Poder Judicial desnuda el objetivo político del presidente: eliminar todos los obstáculos que todavía le impiden ejercer el poder sin restricciones. Y la renuncia estratégica de su alfil Arturo Zaldívar Lelo de Larrea le abrió la puerta para controlar las decisiones de la Corte y avanzar hacia su destrucción definitiva. De momento, con cuatro ministros obsecuentes bastará para impedir que ese cuerpo colegiado declare la inconstitucionalidad de sus acciones y decisiones, pues se necesitan ocho votos de once. Y más adelante, como ya lo ha confirmado su alter ego Claudia Sheinbaum, vendrá la iniciativa para desmantelar la cabeza de ese Poder y promover la elección popular de ministros y ministras afines a la mayoría presidencial. Así era antes y así quieren que vuelva a ser.
Hubo un tiempo en el que tuve el mayor respeto por el exministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien hoy ha decidido encarnar la quinta columna del poder que presidió. Recuerdo con especial aprecio el dictamen que suscribió sobre la tragedia de la guardería ABC, que abrió la puerta para revisar el desorden generalizado de las administraciones públicas y la discrecionalidad de sus decisiones burocráticas. He usado ese dictamen en mis propias clases como ejemplo de prudencia y sensatez jurídica. Recuerdo sus intervenciones garantistas opuestas casi siempre a la lectura más bien conservadora y rígida que hacían sus pares sobre la validez constitucional de normas y acciones de gobierno. Y lo recuerdo también como académico lúcido, debatiendo con maestría en aulas y seminarios de investigación. ¿Qué le hicieron a Zaldívar?
Me resulta increíble pensar que sea él, precisamente, quien se haya prestado a completar la obra de concentración abusiva del poder presidencial. Es (casi) como si me dijeran que José Woldenberg se sumó a la campaña de Morena para perfeccionar la iniciativa del plan B en contra del INE. ¿Cómo puede alguien, con la trayectoria y la obra del exministro, ignorar que el principio de mayoría electoral no puede imponerse sobre las decisiones del Poder Judicial sin vulnerar la base misma de los derechos fundamentales que protegen a las minorías? ¿Cómo puede pasar por alto que todos los regímenes autoritarios a lo largo de la historia se han consolidado, precisamente, anulando el contrapeso constitucional a sus decisiones? ¿Cómo puede alegar en contra del control convencional que él mismo enseñó mil veces en las aulas?
¿Olvidó las tesis garantistas que cultivaba? Cito a Luigi Ferrajoli: los derechos de libertad no pueden ser violados por ninguna mayoría, ni éstas pueden desconocer tampoco los derechos sociales consagrados en la Constitución. “Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman parte de la esfera de lo indecidible (por el poder político)” (Derechos y Garantías: La Ley del más Débil, Trotta, 1999).
Afirmar que los jueces deben obedecer a la mayoría política es una traición al núcleo duro del Estado social y democrático de derecho, desde sus cimientos. Solo los ignorantes, los tramposos y los abusivos confunden a la democracia con la aritmética. Y no ubico al exministro en ninguno de esos grupos. ¿Dónde, entonces, debe situarse? ¿Es acaso que la presión política que recibió superó su resistencia y doblegó sus convicciones? No tengo idea. Pero me queda claro que el proyecto que ahora encabezará Zaldívar, protegido por el abuso del poder, sería la última pieza necesaria para consolidar la autocracia electoral que está en curso.
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