La estrategia de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos entró en una nueva etapa. Durante años, el Departamento del Tesoro concentró sus sanciones en líderes criminales, operadores financieros y empresas claramente identificadas con organizaciones del narcotráfico. Hoy el objetivo es más amplio: busca desmantelar las estructuras empresariales que permiten a los grupos delictivos mover recursos, ocultar activos, lavar dinero y, en algunos casos, operar con la protección o complicidad de funcionarios públicos y actores políticos.

En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, al Diamante Casino, en Tampico, a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y a tres personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste. Según el Departamento del Tesoro, uno de esos establecimientos era utilizado para lavar dinero, almacenar drogas y facilitar operaciones del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Omar Reyes, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de ambos casinos.

El caso dejó al descubierto la complejidad de un sector donde la empresa operadora no necesariamente coincide con la titular del permiso ni con los propietarios finales del negocio. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación informó que ambos establecimientos operaban al amparo de un permiso otorgado en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V., explotado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), y señaló que los propietarios de los casinos pertenecían a la familia Chow del Campo. Esa distinción resulta relevante porque permite entender cómo se estructuran este tipo de negocios y por qué las investigaciones financieras suelen extenderse más allá de la razón social que aparece en la fachada.

Junto con los hechos comenzaron a circular versiones que todavía no cuentan con respaldo documental. Una de ellas sostiene que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, prepara medidas contra diez casinos mexicanos. Otra asegura que esa oficina solicitó investigar a quienes encabezaron la Dirección General de Juegos y Sorteos durante la gestión de Adán Augusto López al frente de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Sergio García Pedrero y Manuel Marcué Díaz.

En esos mismos reportes también aparece mencionado Leonel Cota Montaño, quien en 2020 fue anunciado públicamente como futuro titular de esa dirección, aunque no asumió formalmente el cargo. Su nombre volvió a cobrar relevancia por haber encabezado posteriormente Segalmex, organismo que........

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