Hasta mayo de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y/o no localizadas revelaba la desaparición o la falta de localización de 113 mil 918 personas en México. Lejos de generar la movilización e indignación que se requieren para enfrentar y resolver la tragedia que se vive en el país, esta cifra que multiplica el legado de dictaduras militares del siglo pasado y que se asemeja a la realidad de países en guerra, sigue sin resolverse. Nadie quiere asumir el costo de una estrategia de seguridad fallida y por lo tanto, tampoco hay quienes quieran dar la cara y asumir sus responsabilidades. En estos días, tanto el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de víctimas de desapariciones, como distintas organizaciones de derechos humanos han exigido transparencia y acceso a las bases de datos sobre el nuevo censo que realizó el gobierno federal. Este censo redujo al 10 por ciento, es decir a solamente 12 mil 377 las personas verdaderamente desaparecidas. Sin publicar la metodología, excluyendo a los familiares de las víctimas y generando nuevas categorías no existentes en la ley como “sin indicios para búsqueda”, “ubicadas” o “sin datos suficientes para identificar”, esta información sembró incertidumbre y fue un insulto para quienes siguen buscando a sus desaparecidos.

El problema no se reduce a una guerra de cifras, sino en realidad a la cadena de omisiones acumuladas tanto en las fiscalías como en las áreas de investigación de los Ministerios Públicos. Las causas de estas omisiones son múltiples. En 2021, antes de que renunciara la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se publicó una auditoría sobre el desempeño del diseño institucional para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Se trata de la auditoría 6-GB en la cual se da fe de múltiples problemas que están lejos de ser atendidos. Solo por mencionar los más relevantes: ausencia de lineamientos, lineamientos y protocolos pendientes, falta de articulación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, campos vacíos y mala calidad de la información asentada en el registro nacional de personas desaparecidas, subejercicio de recursos y ausencia de estrategia y capacidades para la identificación forense.

De las cifras más reveladoras destaca el hecho de que en 2020, solamente se ingresaron dos averiguaciones previas, dejando pendientes de despacho 743. Se abrieron 287 carpetas de investigación dejando pendientes 575. Ambos procedimientos requirieron investigaciones de entre tres y cinco años en promedio. En ese tiempo no se lograron obtener las pruebas suficientes para acreditar la comisión de los delitos con los que se relacionaron las desapariciones y por lo tanto, cero casos llegaron a judicializarse en tribunales.

Más allá de los datos y de la necesidad de contar con información fidedigna para el acceso a la verdad y a la justicia, ningún candidato a cualquier cargo de elección popular puede ser omiso frente a la tragedia. No se trata de hacer promesas vacías o de hacer campaña con los familiares de desaparecidos. Esa fotografía ya la vimos en 2018. La sociedad necesita respuestas y responsabilidades. Sin cambio de estrategia, seguiremos desapareciendo.