Hace un mes se dio a conocer el informe sobre el Estado de la democracia en el Mundo y Las Américas 2023 de IDEA Internacional. Este índice considera cuatro categorías comunes en el desempeño de las democracias: la representación, los derechos (acceso a la justicia, bienestar, libertades civiles), el Estado de derecho y la participación. Como en otros ejercicios de evaluación similares que se han hecho desde otros miradores, las noticias no son buenas ni para el mundo ni para América Latina.

El 2022 fue el sexto año consecutivo en que más países registraron retrocesos en alguna de sus variables, en lugar de mejoras sustantivas de sus procesos democráticos. Esta tendencia —que se ha mantenido en descenso— es la más extensa desde 1975, año en que IDEA inició sus mediciones y década en que la región de América Latina atravesaba sus más oscuros momentos militaristas. Con ello, podemos observar que la democracia está mayoritariamente o estancada o en retroceso.

En el caso de América Latina se observa un declive de los principios democráticos. Hay más países con un bajo desempeño en todas las categorías que hace cinco años, aunque la mayoría sigue con un desempeño medio. A los casos de Haití, Nicaragua y Venezuela se suman los regímenes autoritarios de El Salvador y Guatemala. Además, existen inquietudes sobre decisiones tomadas en Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Perú en donde el fracaso para enfrentar la inseguridad y la violencia se manifiesta con más militarización o medidas absurdas como los estados de excepción.

La represión y las agresiones hacia la prensa, así como el deterioro de las condiciones en las que se ejercen la libertad de expresión, de asociación y académica ha empeorado en al menos diez de los 28 países observados en la región latinoamericana.

Por ello, se vuelve fundamental la relevancia de las instituciones con atribuciones para supervisar y evitar los abusos de poder. Las capacidades de control y vigilancia de instituciones autónomas como los organismos electorales, las instituciones que combaten la corrupción, las comisiones de derechos humanos, las defensorías del pueblo, los órganos de transparencia o las entidades de fiscalización son los últimos resquicios que posibilitan la vigencia democrática.

Su funcionamiento no se entiende sin la existencia de aliados naturales, a saber, las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación independientes y plurales, las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos que desde sus espacios exigen ejercer derechos.

En México, a los recortes presupuestarios hacia los órganos constitucionales autónomos, se suma la existencia de un órgano nacional de transparencia acechado por el poder. Ayer, la mayoría en el Senado demostró que sus integrantes prefieren pensar en la reelección antes que honrar su mandato. A pesar de que la Suprema Corte les ordenó designar a los tres comisionados faltantes, la mayoría de Morena siguió la consigna y prefirió anular su voto. Opacidad y sumisión será el lema de la bancada oficialista en esta legislatura.