Hace diez meses, la ciudadanía salió masivamente a la calle para evitar que se concretara una reforma electoral regresiva que negaba las condiciones para el ejercicio del voto libre, secreto e informado.
Gracias a una estrategia que activó los contrapesos jurídicos y ciudadanos se frenó el desmantelamiento del órgano nacional electoral y se evitó modificar las reglas que durante al menos veinte años permitieron alternancias y cambios pacíficos de poder.
Esta semana, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral conformado por autoridades electorales y 30 organizaciones sociales, publicó el primero de seis informes que registran al menos cuatro alertas en torno al proceso electoral en marcha. La elección 2023-2024 implica la disputa de más de 19 mil cargos de elección popular en todo el territorio nacional.
La primera alerta tiene que ver con la crisis que se vive al interior de los órganos encargados de velar por los procesos electorales. En el caso del órgano electoral nacional, la ausencia de liderazgo y capacidades para construir consensos han impedido la designación de titulares en áreas estratégicas que son fundamentales tanto para la organización de los procesos electorales, como para la fiscalización de los partidos políticos. Sin acuerdos en un colegiado dividido, al menos ocho posiciones, incluida la Secretaría Ejecutiva, se encuentran ocupadas por encargados de despacho.
Un grupo de consejeros trata de evadir la responsabilidad culpando a los salientes de haber dejado a un INE desmantelado. Y, sin embargo, las renuncias se han sucedido en cadena desde marzo. Ante la crisis, se logró recientemente un acuerdo que obliga a que las designaciones se logren, por mayoría de ocho votos, durante los siguientes 30 días. El Consejo General habrá de dar muestra de audacia e integridad.
En el caso del Tribunal Electoral, las vacantes existentes por la conclusión del periodo de dos magistrados no sirvieron para cerrar filas en el edificio de Carlota Armero. Las divisiones acumuladas de tiempo atrás hicieron crisis y produjeron una rebelión interna, no exenta de descalificaciones mutuas, que derivaron en la renuncia a la presidencia del Magistrado Reyes Rodríguez. En el camino se cuestionó la integridad misma del órgano encargado de resolver disputas y entregar la constancia de mayoría a la próxima presidenta de la República. El Senado habrá de nombrar a los integrantes pendientes no solo de la Sala Superior sino también de las salas regionales. Entretanto el trabajo de tres salas regionales lo hacen dos y la carga de los litigios pesa sobre los hombros de cinco magistrados que no están en su mejor momento para los consensos.
La segunda alerta tiene que ver con la vulneración de las normas. Las campañas electorales anticipadas, no frenadas a tiempo por los órganos electorales, ponen sobre la mesa la necesidad de transparentar de dónde salieron los recursos que sirvieron para simular la competencia que hoy se exhibe bajo la figura de precandidaturas únicas. La participación abierta por parte de funcionarios públicos vulnera la cancha pareja que se requiere en cualquier proceso electoral democrático.
La tercera preocupación, tiene que ver con la creciente violencia y la posible participación del crimen organizado en los procesos electorales. Sin garantía de seguridad para los candidatos y ciudadanos, el informe del ANIE da cuenta de un número creciente de eventos violentos entre ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o partidista. Utilizando la información de Data Cívica, se reporta que de 2018 a 2023 han existido mil 512 eventos de violencia criminal electoral. El ejercicio del voto libre está hoy amenazado. Habrá de defenderse con la ley, la vigilancia y la participación ciudadana.
2024 bajo fuego
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21.12.2023
Hace diez meses, la ciudadanía salió masivamente a la calle para evitar que se concretara una reforma electoral regresiva que negaba las condiciones para el ejercicio del voto libre, secreto e informado.
Gracias a una estrategia que activó los contrapesos jurídicos y ciudadanos se frenó el desmantelamiento del órgano nacional electoral y se evitó modificar las reglas que durante al menos veinte años permitieron alternancias y cambios pacíficos de poder.
Esta semana, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral conformado por autoridades electorales y 30 organizaciones sociales, publicó el primero de seis informes que registran al menos cuatro alertas en torno al proceso electoral en marcha. La elección 2023-2024 implica la disputa de más de 19 mil cargos de elección popular en todo el territorio nacional.
La primera alerta tiene que ver con la crisis que se vive al interior de los órganos encargados de velar por........
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