“Se fue Alí Babá, pero se quedaron los cuarenta ladrones”, dicen en Caracas. A casi diez meses de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela tiene una presidenta encargada que obedece a Washington, un contrato petrolero firmado a finales de agosto cuyo texto nadie conoce y todavía ninguna fecha electoral. Washington pudo derribar a Maduro sin democratizar el aparato de poder, y ahí está la contradicción de estos meses. Ahora crece la presión: la líder opositora María Corina Machado parece estar cambiando de estrategia, la calle exige una fecha y en la mesa de negociación se discuten las condiciones previas. Falta saber cuánto tiempo queda.

El 1 de mayo, un reportero de The New York Times le preguntó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuándo podrán votar de nuevo los venezolanos. Su respuesta: “No sé. Algún día.” Cinco meses después, sigue sin haber fecha.

Un Presupuesto que empeora el déficit

Y sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, había prometido tres fases: estabilización, recuperación económica y transición a la democracia. La primera avanza, la segunda también, aunque con lentitud, y la tercera no tiene calendario. Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y profesor de Economía en la Universidad de Harvard, le contrapone a Rubio una frase del monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington: los estadounidenses llegaron “para liberar, no para conquistar”.

En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses sacaron de Caracas a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaron a Nueva York. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió el mando, y en febrero Trump la reconoció formalmente. Al principio se trataba, probablemente, de expulsar de Venezuela a chinos, iraníes y rusos; hoy el petróleo impulsa la política.

El gobierno habla de más de mil presos políticos liberados. La organización de derechos humanos Foro Penal contaba en marzo todavía 568 detenidos; el 5 de octubre eran 322.

Los antiguos poderosos siguen casi todos en el poder, solo que en otro puesto. Vladimir Padrino López, hasta hace poco ministro de Defensa, dirige el Ministerio de Agricultura. Tarek William Saab, hasta ahora fiscal general, es defensor del pueblo. Diosdado Cabello, sancionado por Estados Unidos, sigue como ministro del Interior. En julio, Rodríguez pasó a retiro a 110 generales y almirantes y, a la vez, ascendió a unos 160. No es una purga, sino una reorganización desde adentro que vincula el aparato más estrechamente a ella; algunos de los ascendidos figuran en listas de sanciones estadounidenses. Rodríguez es leal a Trump mientras él se mantenga. El aparato es leal a ella mientras ella se mantenga.

A finales de agosto, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo petrolero, “el más grande de la historia”, según Trump. La Casa Blanca publicó los puntos centrales el 31 de agosto. Una empresa explotará 17 campos con unos 65.000 millones de barriles, que la Casa Blanca califica de “reservas probadas”, cerca de una quinta parte de las del país. El operador es North American Blue Energy Partners (NABEP), fundada en 2024 y dirigida por Alejandro Betancourt, quien hizo su fortuna bajo los gobiernos chavistas, entre otras cosas con el encargo de restablecer el suministro eléctrico, hasta ahora con muy poco éxito: según Transparencia Venezuela, las plantas entregaron una quinta parte de la potencia prometida. Suiza investiga a Betancourt por lavado de dinero; Rubio lo defiende.

Según la Casa Blanca, el Pentágono tiene, a través de su fondo de capital estratégico, el 35 % de la empresa matriz. El Departamento de Estado puede comprar el 20 % de la producción a costo de producción y tiene derecho de preferencia sobre el resto. Puede vetar nombramientos de la junta directiva, y rige la ley estadounidense. Un funcionario estima la participación de Estados Unidos en........

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