Por Gustavo Rivera

Primero, la raya. La única que no admite matices: la criminalización del periodismo nunca es aceptable y no debe tolerarse. Cuando un periodista es reprimido, procesado con delitos desproporcionados o encarcelado por su trabajo, se cruza una línea democrática. Punto. Lo ocurrido en Veracruz pertenece a esa categoría. Y conviene decirlo sin rodeos: esa raya también debe aplicar en estados gobernados por Morena. Los casos en Campeche y Puebla recuerdan que la libertad de prensa no puede depender del color del gobierno local.

Dicho eso, se ha instalado una conversación —en estas páginas y fuera de ellas—: la idea de que el poder ya no necesita censurar con tijeras; le bastaría con crear fricción, un clima, el silencio como técnica. Es una hipótesis sugerente, pero para discutir con seriedad la libertad de expresión conviene colocarla en un contexto más amplio: el reordenamiento del sistema de medios y del poder simbólico.

Durante décadas, los medios tradicionales fueron guardianes de la agenda: dueños de la conversación pública, árbitros de lo importante, custodios —a veces legítimos, a veces abusivos— de “la verdad” socialmente aceptada. Ese monopolio terminó. No lo mató un gobierno; lo transformaron la tecnología, el teléfono inteligente, el video en línea, los boletines por correo, los programas de audio y el modelo de negocio de la economía de la atención. Hoy la agenda ya no la........

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