El Gobierno sorprendió al empresariado, a inicios de 2024, al culparlo (también) del rebrote inflacionario global (2021-2023). Poco duró el ánimo conciliatorio expresado a finales del año pasado, pues tan pronto se le dan micrófonos a Petro (como en Davos), lo domina su espíritu antiempresarial.
La última pócima bebe de una añeja teoría sobre la “fijación autónoma de precios”: los empresarios serían los causantes de la inflación. Pero esto desconoce que las empresas, en su mayoría, tienen que operar bajo competencia, tratando de ganar mercado vía menores precios y compatibles con las utilidades promedio sectoriales.
Esa vieja idea “estructuralista” ha sido rebatida en la práctica, pues las firmas se quiebran si desconocen la realidad del mercado competitivo. Atrás también quedó el frágil postulado de que firmas fijaban a su antojo sus ganancias recurriendo al ‘mark-up’.
Salvo que se trate de oligopolios colusivos, las firmas se quiebran si desconocen el mercado. Y, en casos de posición dominante, es obligación del Estado entrar a romper tal dominancia. ¿Acaso ha denunciado el Minhacienda dichas posiciones dominantes ante las superintendencias?
Décadas atrás se sancionaron en Colombia carteles del papel, cemento y ladrillos. Pero tales colusiones han desaparecido. Ahora tenemos mercados compitiendo a nivel local, y ojalá estuvieran expuestos a mayor competencia externa. Pero las restricciones al comercio, adoptadas tanto por Duque como por Petro (en textiles y confecciones), en vez de proteger la industria nacional, terminan afectando al consumidor y favorecen el contrabando y la inflación.
Los análisis serios sobre “poder de mercado” deben comprobar cómo es que las firmas determinan su inversión a nivel sectorial y en función de las rentabilidades (normales o extraordinarias por falta de competencia), tema complejo. El profesor Philippon (2019) ha concluido que “el poder de mercado” varía según ciclos, sectores y la fortaleza regulatoria antimonopolios, siendo esta más fuerte en Europa que en Estados Unidos.
Pero el enfoque usado por el Ministerio desconoce estos factores microsectoriales y se limita a descomponer la rentabilidad empresarial agregada, relacionándola con un deflactor PIB (no el IPC). La propia Fed (2023, Palazzo) ha aclarado que estos resultados son altamente sensibles a las variables incluidas como supuestos réditos empresariales.
Así que el Minhacienda tendría que haber probado una colusión en la fijación de precios causando inflación, lo cual olvida tres años seguidos con el salario mínimo ajustándose en dos dígitos. ¿Acaso el descenso de la inflación del 13 % en 2022 hacia el 9,3 % de 2023 y el esperado 6 % en 2024 serían el resultado de haber controlado dichos oligopolios colusivos? ¿O más bien del acertado accionar del Banco de la República?
La errada ideología económica del Gobierno conduce a todos estos desvaríos: primero impulsa elevadas tasas de tributación empresariales (35-40 %, dic./2022); después observa que se desploma la inversión (-15 % real en 2023); luego señala urgencia de sustituir excesos en tributación empresarial con mayor tributación de clases altas (ya con tasas efectivas del 30 %), pero olvidando que el problema es tener un IVA con cobertura de solo 45 %.
Y, finalmente, concluye el Gobierno que el problema es la misma existencia de los empresarios, quienes causan inflación por la fijación arbitraria de sus precios. Lastimoso que este gobierno solo busque explicaciones fantasmas, en vez de mejorar su gerencia país, empezando por el apalancamiento del crecimiento del PIB real per cápita a través de impulsar la inversión productiva.
En un estudio reciente (Cede-Uniandes) se analizó cómo la apertura comercial de Asia (120 %) frente a América Latina (40 %) permitió la duplicación de su ingreso per cápita cada 15 años, mientras en América Latina esto ocurre cada 40 años y con productividades al 25 % de EE. UU., temas que deberían ser el foco de los análisis gubernamentales.
SERGIO CLAVIJO
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Empresas, inflación y crecimiento
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04.02.2024
El Gobierno sorprendió al empresariado, a inicios de 2024, al culparlo (también) del rebrote inflacionario global (2021-2023). Poco duró el ánimo conciliatorio expresado a finales del año pasado, pues tan pronto se le dan micrófonos a Petro (como en Davos), lo domina su espíritu antiempresarial.
La última pócima bebe de una añeja teoría sobre la “fijación autónoma de precios”: los empresarios serían los causantes de la inflación. Pero esto desconoce que las empresas, en su mayoría, tienen que operar bajo competencia, tratando de ganar mercado vía menores precios y compatibles con las utilidades promedio sectoriales.
Esa vieja idea “estructuralista” ha sido rebatida en la práctica, pues las firmas se quiebran si desconocen la realidad del mercado competitivo. Atrás también quedó el frágil postulado de que firmas fijaban a su antojo sus ganancias recurriendo al ‘mark-up’.
Salvo que se trate de oligopolios colusivos, las firmas se quiebran si desconocen el mercado. Y, en casos de posición........
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