Como un arrebato de furia, los incendios se expandieron veloces por todas partes. Los medios de comunicación se inundaron de imágenes de fuegos forestales, los noticieros mostraban llamas devorándose cientos de miles de árboles, los bogotanos seguían con atención la emergencia en los cerros orientales, millones de colombianos se afectaban por la mala calidad del aire, legiones de niños y jóvenes dejaron de ir a clases, varios miles tuvieron que encerrarse en sus hogares y unas 10.000 hectáreas ardían en los Llanos Orientales.

Meta, Vichada, Casanare y Guaviare, departamentos con inmensos bosques ricos en fauna y flora, cuyas comunidades y autoridades locales tratan de preservar aplicando los limitados recursos a su alcance —bomberos, rescatistas, guardabosques, helicópteros, ejército, voluntarios— y que, sin embargo, son carcomidos por las llamas porque grupos de pirómanos y de ilegales como narcos y alzados en armas impiden apagar el fuego.

¿Por qué estos grupos no están dejando apagar los incendios que amenazan la vegetación y cientos de especies animales? ¿Qué ganan o a qué le apuntan buscando prolongar las llamas?

En cualquier calamidad o coyuntura, no importa si es ambiental, política, económica, social o sanitaria, siempre habrá alguien que pierde y alguien que gana. Gana la industria funeraria con la muerte, como diría José Saramago con sus ‘Intermitencias de la muerte’, pierde el sector asegurador con los siniestros ocurridos, gana la oposición con la falta de previsión y realismo del gobierno Petro que disminuye drásticamente y sin razón la financiación de los bomberos, perdemos todos los colombianos pues cada vez se hace más lejana la posibilidad de vivir en una “potencia mundial de la vida”.

No obstante, hemos ganado en conciencia ambientalista, pues ya estamos corroborando que el aumento de temperatura en el planeta no es carreta y que si no tomamos políticas públicas y medidas colectivas e individuales, terminaremos pagando los platos rotos más pronto que tarde.

Entonces, ¿quién gana con las quemas de decenas de miles de hectáreas en el suroriente, Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y Antioquia?

Todo parece indicar, y los expertos ambientales así lo confirman, que los grupos al margen de la ley aprovechan la vegetación seca para desvalorizar terrenos, correr fronteras, iniciar apropiaciones, emprender construcciones ilegales, sembrar cultivos de coca, y después cobrar vacunas e impuestos a quienes se asienten en dichas tierras. ¿Será coincidencia que grupos armados ilegales impidan apagar incendios en los bosques de Guaviare, Guainía o Casanare?

¿Estarán exentos de sospechas los avivatos que dominan el negocio de los bienes raíces? A esta altura vale la pena preguntarnos si después de lo noticioso viene lo oficioso, es decir, ¿si se inicia de oficio la investigación por parte del Gobierno y las instituciones de auditoría y control sobre la causa y autoría de los desastres ocurridos?

Finalmente, ronda una pregunta en el aire: ¿cuáles son las medidas preventivas, educativas y legales que de aquí van a resultar por parte de este gobierno que se dice ser el gran adalid de la preservación del medioambiente?

PAOLA OCHOA
En X: @PaolaOchoaAmaya

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