Cuando, en medio del estallido social, el senador Bolívar invitó a apoyar la colecta de la Fundación Manos Limpias para comprar cascos, guantes y escudos para la primera línea, a través de la plataforma Vaki, a nadie se le ocurrió decir que se había puesto en marcha una empresa ilícita de captación ilegal, porque en el derecho económico se tiene por sabido –desde los años ochenta– que los aportes gratuitos a causas comunes excluyen cualquier forma de captación masiva irregular. En efecto, de conformidad con el Decreto 3227/82, para que este delito se tipifique es indispensable, cuando menos, que el aportante conserve el derecho a exigirle al beneficiario de los recursos su restitución.

Es increíble que para atravesársele a la vaca propuesta por los antioqueños para financiar la terminación de sus obras de infraestructura se llegue al extremo de afirmar que sus promotores están promoviendo una actividad ilícita de captación de recursos, cuando se trata de donaciones. Mal hacen los asesores jurídicos de los trinos palaciegos en avalar este tipo de censuras públicas, a sabiendas de que carecen de todo fundamento. No es posible, como lo advierte la senadora Paola Holguín, que en nuestro país haga carrera el odio a la solidaridad, mientras se ama la ilegalidad.

En un país en el que no se ha desarrollado la filantropía, a diferencia de Estados Unidos y Europa, nuestras autoridades deberían estimularla, en vez de promover su censura. Se recuerdan con nostalgia los tiempos de Mockus, en medio de su ejercicio de construcción de cultura ciudadana, cuando invitó a los bogotanos, con buen suceso, a efectuar aportes voluntarios adicionales al impuesto predial o de industria y comercio. En estos turbulentos tiempos, se lo estaría quemando en la hoguera por promover un delito.

En este contexto, el llamado paisa a hacer una vaca, mediante el aporte desinteresado de unos y otros, sin ideología conocida, para terminar sus autopistas de cuarta generación, es una propuesta propia del espíritu solidario antioqueño, que no busca camorra alguna. Es la respuesta mínima de una región que defiende las obras conquistadas, frente a la amenaza presidencial de que, en materia de vigencias futuras, hay que dejar en la puerta de atrás los túneles y las vías de cuarta generación, porque su priorización ha sido estimulada por los ricos, sin criterio de solidaridad social.

Es una pena esta concepción porque, si bien se pondrá a soñar a la gente con toda clase de obras de saneamiento ambiental o de agua potable, sin que se augure su efectiva realización, por la probada incapacidad gubernamental para ejecutarlas, con dicha idea quedarán en remojo obras esenciales contratadas y renunciaremos a llevar a cabo macro-obras, que solo son posibles comprometiendo ingresos fiscales futuros, que necesitamos para salir del subdesarrollo, para que el país se industrialice y para que los campesinos puedan comercializar sus cosechas. Es decirles adiós, para siempre, a los trenes rápidos, a las obras del siglo XXI y a las autopistas que integren al país, como ha ocurrido en Ecuador, Chile o México, precisamente mediante concesiones de largo plazo.

Ya van varios intentos por retrasar vigencias futuras que se creían fundidas en acero, como las de la primera línea del metro de Bogotá o las del metro ligero de Medellín. Frente a la amenaza de que la Nación desconozca estos compromisos contraídos al amparo de la ley 819/03, no bastan las vacas, de suyo insuficientes; es necesario hacer un frente común entre la academia, el Congreso, los gremios, los organismos de control y la ciudadanía, para impedir cambios de esta naturaleza en las reglas del juego de la contratación pública, de lo que solo se obtendrá que los mercados financieros locales e internacionales pierdan la confianza en el país y nos cierren del todo las puertas para financiar estas megaobras. De hecho, con los embates de estos días, difícilmente hoy sería posible obtener créditos para estos proyectos. Un daño irreparable, producto del calor de la tarima en plaza pública.

Taponazo. El despelote de los pasaportes de la Cancillería se quiere copiar en el sector de infraestructura.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

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La vaca tendida en las autopistas

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31.03.2024
Cuando, en medio del estallido social, el senador Bolívar invitó a apoyar la colecta de la Fundación Manos Limpias para comprar cascos, guantes y escudos para la primera línea, a través de la plataforma Vaki, a nadie se le ocurrió decir que se había puesto en marcha una empresa ilícita de captación ilegal, porque en el derecho económico se tiene por sabido –desde los años ochenta– que los aportes gratuitos a causas comunes excluyen cualquier forma de captación masiva irregular. En efecto, de conformidad con el Decreto 3227/82, para que este delito se tipifique es indispensable, cuando menos, que el aportante conserve el derecho a exigirle al beneficiario de los recursos su restitución.

Es increíble que para atravesársele a la vaca propuesta por los antioqueños para financiar la terminación de sus obras de infraestructura se llegue al extremo de afirmar que sus promotores están promoviendo una actividad ilícita de captación de recursos, cuando se trata de donaciones. Mal hacen los asesores jurídicos de los trinos palaciegos en avalar este tipo........

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