La justicia transicional tiene una obligación ineludible: garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa y la seguridad jurídica de todos los comparecientes, especialmente de los integrantes de la Fuerza Pública que controvierten las responsabilidades atribuidas.

Las recientes controversias sobre la JEP han reabierto el debate sobre sus elevados costos, la transparencia en el manejo de recursos públicos y los insuficientes resultados en justicia y reparación. Incluso quienes defienden su continuidad reconocen la necesidad de mejorar su gestión y rendición de cuentas.

A ello se suman las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz, quien calificó a la Justicia Penal Militar como un “mecanismo de encubrimiento”. Rechazamos categóricamente esta afirmación por inapropiada e inadmisible, especialmente cuando proviene de quien tiene la responsabilidad de administrar justicia sobre integrantes de la Fuerza Pública. Tales generalizaciones........

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