El tema siempre vuelve a Colombia. Las manifestaciones violentas, los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo urbano han formado parte de nuestra agenda durante los últimos años. Los estallidos de 2019 y 2021 dejaron ciudades paralizadas, sistemas de transporte destruidos, establecimientos saqueados y ciudadanos sometidos al miedo y la zozobra. Desde entonces quedó una discusión que no debería admitir confusiones: una cosa es el derecho fundamental a protestar, y otra, utilizar una movilización como cobertura para cometer delitos.

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La jurisprudencia de los últimos años ha sido clara en distinguir la protesta de los delitos cometidos en medio de ella. El artículo 37 de la Constitución Política protege la reunión y manifestación “pública y pacífica”, pero esa garantía no puede convertirse en amparo para la comisión de delitos ni para la violación del Código Penal. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-090 de 2024, reiteró que la protesta tiene un carácter naturalmente disruptivo, pero debe ejercerse pacíficamente, lo cual excluye los medios violentos.........

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