La violencia que vuelve a sacudir la Sierra Nevada de Santa Marta debería provocar una profunda reflexión sobre los límites y errores de la política de seguridad que hoy se aplica en el país. Los recientes enfrentamientos entre el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada –los llamados ‘Pachencas’– han dejado a comunidades indígenas en medio de las balas, con muertos, heridos y familias enteras confinadas en su propio territorio.

Las imágenes y los testimonios que llegan desde el resguardo Serankwua, en zona rural de Aracataca, estremecen. Niños heridos, mujeres embarazadas huyendo, casas perforadas por ráfagas de fusil y comuneros obligados a tirarse al suelo mientras hombres armados recorren sus viviendas. Para los pueblos indígenas de la Sierra, que se reconocen como guardianes espirituales de ese territorio, la irrupción de la guerra en sus hogares constituye además una profanación.

A este tipo de situaciones es precisamente a las que el país no puede llegar en el marco de una política de seguridad. El enfrentamiento prolongado entre dos grupos armados ilegales en un territorio indígena, sin que el Estado haya logrado impedirlo, es una señal alarmante de pérdida de control.

Hay que decirlo con claridad: ni el ‘clan del Golfo’ ni las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son actores desconocidos. Se trata de estructuras que por años han extendido su presencia, controlando rutas estratégicas para el narcotráfico y sometiendo a la población mediante la extorsión y la intimidación. En particular, ‘los Pachencas’ han llegado a convertirse en amos y señores de amplias zonas de la Sierra, donde han ejercido un dominio que a todas luces desborda la capacidad o la voluntad del Estado para enfrentarlos.

Resulta aún más inquietante que ambas estructuras tengan hoy procesos de negociación abiertos con el Gobierno. Conviene reiterarlo: el país ha aprendido que los caminos de la paz requieren diálogo. Pero una cosa es explorar salidas negociadas, y otra, muy distinta, permitir que, mientras estas avanzan sin resultados visibles, los grupos armados sigan consolidando su poder territorial y poniendo en riesgo a la población civil.

Pareciera que el Gobierno está más centrado en sostener negociaciones inciertas que en garantizar la seguridad de las comunidades

La tragedia que viven hoy los pueblos indígenas de la Sierra obliga entonces a preguntarse por la prioridad real del Gobierno. Por momentos da la impresión de que está más concentrado en sostener procesos de negociación inciertos que en garantizar la tranquilidad y la integridad de comunidades que llevan años denunciando el avance de los criminales.

Las operaciones militares anunciadas para recuperar el control del área y facilitar la asistencia humanitaria son necesarias y deben mantenerse hasta garantizar plenamente la seguridad de la población. Pero lo ocurrido demuestra que el problema es más profundo.

En suma, el país no puede aceptar que territorios como la Sierra Nevada se conviertan en escenarios donde grupos armados disputan corredores del narcotráfico mientras las comunidades quedan atrapadas en medio del fuego. Una política de seguridad que permita llegar a ese punto está fallando en su misión más elemental: proteger a los ciudadanos y preservar la soberanía del Estado.

EDITORIAL

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