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Cuando pensamos en violaciones sistemáticas de derechos humanos, raramente imaginamos democracias consolidadas europeas. El relato dominante sitúa estos abusos en el pasado autoritario, en geografías del Sur Global o, de forma reciente, en los Estados Unidos de Trump. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España once veces desde 2010 por no investigar denuncias de tortura y tratos inhumanos. Once sentencias que evidencian no un fallo ocasional, sino un patrón estructural de impunidad.

Las cifras hablan, aunque el Estado prefiere que permanezcan dispersas. Entre 2004 y 2014, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura documentó 7.500 casos de tortura o malos tratos. Entre 2013 y 2019, el Consejo General del Poder Judicial registró 448 condenas. Pero en septiembre de 2020, cuando el Comité Europeo contra la Tortura visitó España durante dos semanas, documentó 21 casos, mientras Interior reconocía oficialmente apenas diez denuncias anuales en comisarías durante la última década.

Esta contradicción no es un error estadístico: es un mecanismo político. Sin datos fiables, el Estado sostiene la ficción de que la violación de derechos es anecdótica.

En América Latina, ese “tercer mundo” tan desdeñado por políticos y tertulianos, el sistema interamericano de derechos humanos desarrolló mecanismos más robustos de rendición de cuentas. No se trata de idealizar: la región sigue enfrentando violaciones masivas, fuerzas de seguridad brutales, impunidad extendida. Pero hay una diferencia fundamental en cómo se abordan los casos cuando llegan a instancias supranacionales.

El Tribunal de Estrasburgo funciona con lógica de caja registradora: verifica la violación, establece una multa, cierra el expediente. No impone reformas ni exige cambios estructurales. Los Estados pagan y siguen igual. España es paradigmática: once condenas y el régimen de incomunicación que facilita la tortura no solo sigue vigente, sino que fue ampliado de cinco a trece días.

En contraste, la

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