El acuerdo que España y Marruecos diseñaron para ordenar el retorno de menores no acompañados lleva más de una década enfrentándose a una realidad que apenas ha cambiado: el mecanismo existe sobre el papel, pero sus resultados han sido prácticamente nulos. Firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007 y en vigor desde el 2 de octubre de 2012, el convenio estableció un marco de cooperación para prevenir la emigración irregular, proteger a los menores y articular su eventual retorno.

El propio texto bilateral sitúa el interés superior del menor como principio de la cooperación entre ambos países y exige que cualquier actuación se ajuste a las respectivas legislaciones nacionales y a las normas internacionales de protección de la infancia.

Catorce años después de su entrada en vigor, los datos oficiales recogidos en las memorias de la Fiscalía dibujan, sin embargo, una brecha profunda entre el objetivo anunciado y la aplicación práctica del acuerdo.

Un convenio que no se tradujo en retornos

Las memorias correspondientes a 2014 y 2015 ya señalaban que no se había producido ninguna repatriación de menores y vinculaban esta ausencia a la falta de colaboración de las autoridades de los países de origen.

La situación adquirió especial relevancia en el caso marroquí. Según los datos aportados en el texto de partida, decenas de menores de esa nacionalidad llegaron a España en los primeros años analizados y, desde 2017, las entradas anuales pasaron a superar ampliamente el millar.

Entre 2014 y 2024, la cifra acumulada de menores marroquíes que llegaron a territorio español se aproxima a los 14.600. Pese a ese volumen, el balance de retornos ejecutados mediante el acuerdo bilateral es, según esos mismos datos oficiales, inexistente.

La comparación con el conjunto de nacionalidades refuerza el carácter excepcional del caso: entre 2013 y 2024 se contabilizaron........

© El Plural