Cuatro días después de las elecciones europeas, sopresa en la justicia. El polémico magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otras 42 personas en el marco de la pieza separada 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la región.
Estas se producían presuntamente a través de la empresa regional ARPEGIO y en los contratos para infraestructuras que aprobaba la entidad pública de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El PSOE ha denunciado las "múltiples tramas de corrupción" de los populares madrileños y cargan contra Feijóo. "Permitirá la fiesta madrileña para salvar su cabeza", aseguran fuentes socialistas.
En una resolución, el magistrado acuerda el pase a procedimiento abreviado de esta pieza que se ha centrado en indagar en las supuestas irregularidades cometidas por Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta Esperanza Aguirre, y posteriormente como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Así, García Castellón considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Y además de a Granados, el juez propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y a Javier López Madrid, investigado en Lezo y en el caso Villarejo, mientras archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el empresario José Luis Ulibarri.
A lo largo de más de 140 páginas, el magistrado detalla la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra y en favor de la trama. Apunta que entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Boadilla de Metro Ligero.
"Se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios", explica el escrito.
Recuerda que Aguirre destituyó al consejero de su cargo al frente de Transportes en 2004 atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella consejería -ante el protagonismo en las adjudicaciones de empresas del círculo de Marjaliza y Granados-, y puntualiza que al mismo tiempo le ofreció a dicho investigado presidir el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
También se encomendaron a la empresa pública ARPEGIO la administración de parte de los Fondos Prisma, y se constituyó la Fundación ARPEGIO. De esta forma, señala el auto, volvía a tener dicho investigado bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística e inmobiliaria.
De esta manera, recuerda el juez, Granados confirió la gestión de las adjudicaciones a ARPEGIO y, de esta forma, de nuevo quedó bajo su control la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los ayuntamientos que formaban parte de cada Consorcio.
El juez afirma en su auto que Granados supuestamente se concertó con el constructor David Marjaliza, a fin de adjudicar a alguna de las sociedades de éste parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el proyecto Ciudad Jardín de Arroyomolinos.
En este proyecto, la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50%, iban a tener algún grado de protección. Apunta que los contratos de compraventa entre ARPEGIO y una de las empresas de Marjaliza, Aranan, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de aquella sociedad.
García Castellón indica en su resolución que tanto Granados como su mujer -también investigada-, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos a través de ARPEGIO para "agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica". "A todos ellos Alarcón les hizo llegar una cesta de navidad en las festividades navideñas de los años 2006 y 2007", indica.
Indica que todos esos gastos por "obsequios de navidad" que tendrían que haber sido abonados por los investigados por tratarse de un gasto personal del matrimonio, se desviaron de las arcas públicas de ARPEGIO y sumaron la cantidad total de 100.139,17 euros, indica el magistrado. El instructor también detalla los regalos efectuados de forma continuada por Marjaliza a Granados durante el tiempo en que este ostentaba un cargo público como comisiones, como un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y el maletín con un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.
Tras conocer esta novedad, el PSOE ha denunciado esta causa de Púnica y otras tramas del PP, que "ha ido de escándalo en escándalo" desde el Tamayazo. "Desde los días del Tamayazo, el escándalo de transfuguismo que evitó un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, múltiples tramas de corrupción han anidado en este territorio", han sostenido antes de sostener que mientras Pablo Casado "pagó con su ejecución en el cadalso de la calle Génova el atrevimiento de intentar parar los pies a Ayuso", Alberto Núñez Feijóo "no tiene madera de héroe". "Permitirá la fiesta madrileña, para salvar su cabeza. Así fue siempre, y seguirá siendo".
"La trama Gürtel ha dejado en Madrid, por el momento, viceconsejeros y alcaldes del PP condenados en firme. La macrocausa Púnica es un auténtico directorio de altos cargos del Partido Popular bajo el mandado de Esperanza Aguirre. Incluso otra presidenta, Cristina Cifuentes, fue imputada, y posteriormente desimputada, en esta causa. La sombra de la financiación irregular del PP de Madrid planea por toda esta macrocausa y en la instrucción. Diría Núñez Feijóo: Esperanza Aguirre lo sabía, y lo tapó", aseguran para detallar también datos relativos a la trama Lezo, que "afecta al que fuese mano derecha de Esperanza Aguirre, Ignacio González".
"Amaños de obras, adjudicaciones y demás cuestiones espurias están incluidas en esta instrucción. Más viajes solo de ida a Soto del Real. La Ciudad de La Justicia o el máster de Cifuentes, que fue absuelta por falta de pruebas aunque el juez concluyó que obtuvo su título de forma irregular, son otros de los escándalos que han crecido durante estos años a la sombra del PP de Madrid, para culminar en el actual caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Alberto”, que ya ha confesado su delito fiscal por defraudar más de 300.000 euros a Hacienda, forma parte del triángulo que junto a Ayuso completa el Grupo Quirón Salud, principal destinatario de los fondos que mueve la privatización salvaje de la Sanidad pública en Madrid", aseguran.
El PSOE ha recordado que ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Alfonso Serrano por este caso pero "los tres han mostrado suficientes motivos para abandonar sus actuales responsabilidades". "No sabemos si los beneficios obtenidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid de una empresa privada que trabaja para la propia administración presidida por Ayuso pagan la casa en la que ambos residen y el Maserati para los paseos familiares por Chamberí. Alfonso Serrano se reunió con “Alberto” justo antes de producirse movimientos judiciales del susodicho contra la Fiscalía, y Miguel Ángel Rodríguez ha dejado un reguero de amenazas a periodistas y bulos colocados a ciertos medios de comunicación incompatible con un sueldo público. Todo en la mejor tradición del PP madrileño", sentencian.
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