Un dictamen sobre el registro de grandes tenedores de vivienda cuestiona los datos que se exigen a los propietarios

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya advierte de que pueden ser "desproporcionadas" algunas de las informaciones que se solicitan, como la ubicación y la superficie de los pisos

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Escaparate de una inmobiliaria en Barcelona / Sandra Román

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) advierte de que algunos de los datos que el Govern plantea exigir a los propietarios en el registro de grandes tenedores y en el de pisos vacíos pueden ser "desproporcionados", además de reclamar que se "anonimicen" los datos personales de las personas físicas, puesto que se trata de una herramienta que será consultable por razón social -nombre- y NIF. Así lo recoge en el dictamen sobre el decreto que prepara la Generalitat, adelantado por el EL PERIÓDICO, para que cualquier ciudadano pueda consultar si una vivienda pertenece a alguien con más de cinco viviendas en zonas tensionadas en Catalunya o 10 en todo el Estado pero que una de ellas esté en territorio catalán.

El dictamen es preceptivo y no vinculante, por lo que el Govern deberá decidir si atiende o no las observaciones que plantea. En concreto, lo que pone en cuestión el órgano es que se requieran datos que supongan "una carga administrativa innecesaria", por lo que considera que deberían justificarse los motivos por los que se recopilan. Además de garantizar el anonimato de las personas físicas, pide que se elimine la obligación de informar sobre la ubicación y la superficie útil de las viviendas de los propietarios.

El organismo sí que avala que cualquier persona pueda consultar "sin restricciones" si una vivienda es propiedad de un gran tenedor. Aunque también apunta que a la norma le falta un apartado que haga referencia al régimen de inspección. "La falta de esta actividad inspectora puede hacer inoperante el registro de personas grandes tenedoras y de viviendas vacías sin título inhabilitante y, por tanto, las obligaciones asociadas a la norma", concluye. Las sanciones previstas por incumplir la obligatoriedad pueden alcanzar los 90.000 euros.

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El CTESC también plantea que la obligatoriedad de constar en el regisro sea limitada en el tiempo durante el que una zona está declarada como tensionada y también recomienda al Executiu que despliegue en dos reglamentos distintos e independientes el registro de grandes tenedores y el de pisos vacíos, ya que ambos están recogidos en una sola propuesta de decreto para su aprobación. "Tienen finalidades, sujetos obligados y regímenes jurídicos diferenciados", sostiene el dictamen.

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