El Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano (AMSO), integrada por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, encierra conflictos administrativos, financieros y políticos cuyas implicaciones parecen haber pasado inadvertidas para buena parte de la ciudadanía. Constituida en 2024 al amparo de la Ley 1625 de 2013, la AMSO surgió de una consulta popular en la que la participación apenas alcanzó el 9,52 % de los habilitados y solo el 5,32 % del censo electoral votó a favor. La ley le atribuye competencias en planificación territorial, servicios públicos, infraestructura y coordinación de asuntos metropolitanos, además de ejercer autoridad ambiental urbana. También le reconoce patrimonio propio y su Junta Metropolitana puede autorizar empréstitos.

Gobernar la movilidad, el agua y la seguridad sin que las fronteras municipales estorben es una promesa legítima; el Valle de Aburrá lo demostró. Pero la AMSO no llega a un terreno baldío: allí ya están el Dagma en el Cali urbano, la CVC en el Valle y la CRC en el norte del Cauca. Y lo que se disputa no es un organigrama, sino la sobretasa ambiental que los caleños pagan, casi sin advertirlo, en la factura del predial: unos $160.000 millones al año, cuatro veces lo de hace una década, alrededor de $267.000 por predio. La tarifa no se ha movido; lo que se ha inflado es el avalúo, y en 2026 tres de cada diez familias vieron subir su predial más del 15 %. Mientras otros pelean por la bolsa, el Concejo y la Alcaldía tienen la llave de esos recursos.

La CVC, dirigida por Marco Antonio Suárez Gutiérrez, sostiene que en juego no están solo los $160.000 millones, sino quién ejercerá la autoridad ambiental y con qué capacidad........

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