Dicen que los columnistas somos monotemáticos. Y es verdad. De hecho, cada uno de nosotros tiene unos conocimientos y unos temas especiales sobre los cuales prefiere hablar en sus columnas. No me excuso y por eso mis lectores encuentran que frecuentemente me repito. Pero no es por capricho. Si el tema no fuere importante, yo no escribiría sobre él.
Veo que, de nuevo, se habla de “negociar” con Nicaragua sobre San Andrés y que el MinRelaciones ha hablado y se reuniría nuevamente en La Haya con el embajador de Nicaragua en ese país, Carlos Argüello, para tratar el tema. Carlos Argüello ha manejado los pleitos de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde finales de los años 80 del siglo pasado y los ha ganado todos, excepto el último con Colombia, al menos no hasta ahora. Yo lo conozco personalmente, soy su amigo y lo respeto y sé que es duro de pelar. No hay en América Latina ningún internacionalista que tenga la capacidad, habilidad y conocimientos de Argüello sobre el área de San Andrés y el Caribe, excepto tal vez Julio Londoño Paredes. A nuestros improvisados internacionalistas de la Cancillería se los come vivos.
Cualquier persona medianamente ilustrada y que lea o vea los medios, sabe que las decisiones que toma la CIJ son definitivas e inapelables. Así lo dice el artículo 60 del Estatuto.
En la sentencia de noviembre de 2012, la CIJ decidió delimitar las aguas del archipiélago y dio a Nicaragua unos 75 mil kms2 de aguas que nosotros considerábamos nuestras. Luego del fallo, una comisión de juristas recomendó al gobierno Santos que trazara unas líneas de base a partir de las cuales se contaran las áreas marinas y submarinas con el fin de precaver problemas de interpretación. El gobierno no lo hizo y, en cambio, trazó una zona contigua gigantesca a los islotes que la CIJ, con razón, consideró ilegal en su sentencia de 2023.
La segunda demanda de Nicaragua iba por la plataforma continental que se pretendía llegara hasta enfrente al Golfo de Urabá. Esta pretensión nicaragüense fue desechada por la CIJ. De manera que, al fin de cuentas, Nicaragua nos quitó 75 mil kilómetros de aguas no soberanas y nosotros defendimos nuestra plataforma continental. Y esto es un hecho: Nicaragua no se va a dejar quitar lo ganado, ni Colombia lo suyo. ¿O sí?
Entonces, ¿qué vamos a negociar? Se creó una Comisión para “estudiar” los derechos de pesca de los raizales. Pero los grandes bancos de pesca quedaron en aguas de Nicaragua y los nuestros quedan a varios cientos de millas desde las costas nicas. ¿Qué interés pueden tener ellos?
De acuerdo con el derecho internacional, el Estado costanero ejerce soberanía sobre sus aguas interiores, que están detrás de las líneas de base rectas, y sobre el mar territorial en el cual solamente se permite el derecho de paso inocente. En las otras áreas hay libertad de navegación, aunque no derechos de explotación para terceros Estados.
Los Estados archipelágicos y los archipiélagos de Estado como San Andrés, pueden trazar unas líneas de base de hasta 75 millas, detrás de las cuales quedarían aguas interiores, soberanas en las que no hay libertad de navegación ni de sobrevuelo. Colombia debe hacerlo inmediatamente, trazando una línea de base entre los Cayos del Este-sudeste y Roncador. En ese territorio (eso es la que sería, aunque sea mar) Colombia tendría libertad para detener cualquier nave para revisarla si trafica drogas y para evitar el paso de tanqueros para defender los corales del área, entre otras cosas. Manos a la obra.
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