¿Quién quiere administrar la ONU?
Ya se inició el proceso para la elección-designación de un nuevo secretario general de la ONU. El tema importa en América Latina, pues candidatos son el diplomático argentino Rafael Grossi, la economista costarricense Rebeca Grynspan y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, entre otros.
Ser “el más alto funcionario administrativo de la Organización” –así define al secretario general o “SecGen” la Carta de la ONU–, implica responsabilidades burocráticas superlativas. Un cálculo a la baja cifra el personal plurinacional en 130.000. Compensando ese desafío, el cargo luce gratificante en términos materiales. Magnífica remuneración, asignaciones extras, necesidades domésticas (residencia, movilización, servidumbre) resueltas por el presupuesto y una pensión de corto plazo (early retirement) mejor que cualquiera de plazo largo. El equivalente anual a un premio mayor de la Lotería.
Durante la Guerra Fría fue complejísimo ejercer el cargo, por su peso político simbólico. Protocolarmente equivale al de un jefe de Estado. Por eso, los celosos redactores de la Carta le impusieron, en su artículo 100, una doble neutralidad: internacionalizarse y despolitizarse a tiempo completo, personal dependiente comprendido. Vía reglamentación interna, esa neutralidad se expandió a todo el personal del sistema.
Para calzar tales requisitos con la tensionada realidad bipolar, los primeros cuatro SecGen fueron diplomáticos de carrera o excancilleres de países con cierta percepción de neutralidad. Se suponía que eso los haría más confiables, pero ninguno lo pasó bien. Al noruego Trygve Lie le rechazaron su reelección porque los soviéticos lo consideraban pronorteamericano. El sueco Dag Hammarskjöld murió en un accidente aéreo, con mucha cara de atentado. Al birmano U Thant le birlaron el Premio Nobel de la Paz, por ser crítico de Lyndon Johnson........
