La cotidianeidad de buena parte de las familias chilenas hoy se caracteriza por el temor a ser asaltadas y a la precariedad económica. La seguridad y la reactivación económica son las principales aspiraciones de la población, según la mayoría de los estudios de opinión.
Marzo consagró tres tendencias macro del devenir chileno: una economía cuasiestancada, una grave crisis de seguridad y una polarización en las alturas políticas. En realidad, estas tres tendencias son parte integrante de la realidad nacional desde hace rato, pero convergen con nuevas energías en el otoño de 2024.
Por tanto, el futuro inmediato estará marcado por la persistencia de estas tendencias, salvo que se adopten medidas correctoras, lo que trataremos de sintetizar más adelante, pero debemos agregarle un dato: dado nuestro cronograma institucional, estamos iniciando un largo año electoral de 18 meses.
En efecto, el 10 de abril se vence el plazo para inscribir pactos que recurrirían a primarias para las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Las primarias se realizarán el 9 de junio. Luego, el 27 de octubre, tendremos elecciones de gobernadores, cores, alcaldes y concejales. Eventualmente, en la medida que no haya mayoría absoluta, el 24 de noviembre tendríamos segundas vueltas en algunas regiones del país. El fin de año 2024 estará plagado de cálculos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, con su correspondiente previa de primarias si así se diese.
En suma, estamos entrando a pie firme a un segundo tiempo gubernamental que tendrá un contundente calendario electoral. Como es fácil de entender, esta dinámica empieza a absorber las mejores energías de los partidos políticos. De momento todo se expresa en las negociaciones en curso alrededor de la selección de candidatos, la configuración de pactos y subpactos y, sobre todo, en cómo cada uno de ellos enfrentará el desafío de los “candidatos independientes”. No hay que ser cientista político para intuir que las conductas de los principales actores políticos estarán condicionadas por sus cálculos electorales.
La cotidianeidad de buena parte de las familias chilenas hoy se caracteriza por el temor a ser asaltadas y a la precariedad económica. La seguridad y la reactivación económica son las principales aspiraciones de la población, según la mayoría de los estudios de opinión. En este punto tenemos dos problemas: las propuestas gubernamentales no sirven y la oposición no sugiere alternativas.
Hasta ahora, las respuestas ensayadas no logran contener el incremento de la inseguridad. En esta misma tribuna hemos señalado –coincidiendo con muchas otras voces– que el principal problema es que Chile ha perdido el control de parte de su territorio. Además, esa pérdida tiene orígenes muy diversos en los tres principales focos de inseguridad del país: la frontera porosa nortina por donde ingresa migración ilegal, trata de personas, contrabando, droga y también delito organizado (en el norte surgen grandes campamentos precarios y desde allí se expande hacia el centro y sur del país); en La Araucanía desde hace rato tenemos brotes de insurgencia por parte de organizaciones radicales que buscan crear un nuevo Estado; en las grandes urbes prolifera el delito, ya sea por bandas locales o por la presencia de delito organizado transnacional y sus “franquicias”.
Lo común es que en los tres casos perdemos el control del territorio, pero su recuperación requiere atender a las peculiaridades locales. El problema es que, frente a este desafío y su diversidad, la respuesta que se ha propuesto y la que se discute en las alturas no sirve, porque es una respuesta uniforme y cuasiburocrática: la Ley de Infraestructura Crítica y sus correspondientes Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
Las llamadas macrozonas hasta ahora carecen de un Objetivo Final Deseado que oriente el empleo de las Fuerzas Armadas allí desplegadas y solo queda marcar el paso, lo que explica que ya vamos en la prórroga número 40 del Estado de Excepción en el sur.
Por su parte, la economía ha tenido –por causas locales y externas– un difícil desempeño. Frente a ello, lo obvio sería proponer a la brevedad posible un programa de reactivación. Eso le convendría a todo Chile. Es urgente reunirse y dialogar con todos los actores. Pero no a escondidas, ni tampoco con un solo actor (me refiero a las cenas en casa de Zalaquett). Los ministros del área económico-social deberían convocar a los gremios empresariales, pero también a las asociaciones sindicales, a algunos colegios profesionales, buscando mínimos comunes que favorezcan la reactivación, empezando por programas intensivos en obras públicas y vivienda. Nuestras autoridades podrían desplegar un activo programa de visitas internacionales buscando atraer inversión extranjera, Chile goza de una buena opinión en el mundo, construida en aquellos años en que según algunos “no se hizo nada”.
En síntesis, tanto en materia de seguridad interior como en la necesaria reactivación económica hay piso para acordar una política de mínimos comunes que nos beneficiaría a todos los chilenos, pero ello requiere ponerlos en el centro de la agenda, incluso recomponer equipos. ¿Será un deseo?
El desenvolvimiento de los acontecimientos nos permite visualizar básicamente dos:
El primero, quizás más influido por los deseos que por la realidad, es la construcción de un acuerdo básico en materia de seguridad y en reactivación económica. Ya me explayé sobre ello anteriormente. No implicaría un acuerdo global, algunos seguirán promoviendo la “libertad de elegir” en materia de salud, educación o previsión. Otros pondrán el acento en la labor reguladora del Estado al menos en los derechos esenciales de los ciudadanos. Son diferencias legítimas. Una de las debilidades es que hasta la fecha no se vislumbran propuestas programáticas que se le ofrezcan a la ciudadanía.
El segundo es “más de lo mismo”. Incapacidad de modificar la agenda, persistencia de la polarización política y todo ello condimentado por el clima electoral que se aproxima. En este escenario perdemos todos, pierde Chile. Porque si persisten las tendencias enunciadas, es probable que a lo ya conocido se agreguen brotes de protesta social: Huachipato lo preanuncia, el alza de los combustibles alienta a protestas que se traducirían en tomas de carreteras, en fin.
A todo ello se suma un creciente proceso de pérdida de legitimidad y confianza en la institucionalidad del país. Ello se nutre de los sonados escándalos de corrupción, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles por todos conocidas. Es un error grave buscar politizar las responsabilidades, porque ello solo agrava las desconfianzas y, además, no prevé que en un futuro cercano las esquirlas de los escándalos salten en todas direcciones.
Tema no menor, para buena parte de la sociedad, es que la persistencia de malas prácticas no está asociada a un sector político, sino a todas las elites, de todos los colores. Por tanto, las querellas en las alturas, los golpes y codazos que allí se dan, terminan potenciando la distancia que ya existe entre amplios sectores de la población respecto a las elites políticas (Gobierno, partidos, Congreso). Es el camino para que emerjan los liderazgos carismáticos apartidarios.
Para finalizar, no todo es tan gris. El año pasado los chilenos tuvimos algunas alegrías también: una de ellas fue la de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, impecables y gratificantes. Hoy en día parece que la mezcla de experiencia con juventud permite mirar con optimismo el desempeño de la Roja, que de la mano del Tigre Gareca promete llevarnos a nuevos momentos donde la lucha de clases se suspende.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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