Una vez más, en Colombia se pasan por alto las garantías en el proceso penal. Esta semana, en un caso de alto impacto nacional, ocurrió algo que no debería repetirse jamás: el abogado de confianza de un procesado faltó por una incapacidad médica y, como “solución”, se designó de inmediato a una defensora pública que no conocía nada del expediente y bajo la figura de suplente. Se llegó al extremo de pretender que alguien sin preparación previa, sin contacto con el cliente y sin conocer la estrategia, asumiera una defensa en cuestión de minutos y peor aún, estuviera lista para hacer el contrainterrogatorio de un testigo que no........

© El Heraldo