En política hay reformas que fortalecen la democracia y reformas que la debilitan. El llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum parece pertenecer peligrosamente a la segunda categoría.

El discurso oficial sostiene que se trata de una reforma para “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”, pero una lectura cuidadosa del documento revela algo muy distinto: una serie de modificaciones que mezclan austeridad presupuestaria, rediseño institucional y cambios electorales sin una lógica democrática clara. 

En otras palabras: una reforma electoral que, en buena medida, no es electoral.

Una reforma electoral… que se dedica a recortar congresos

Uno de los puntos más controvertidos es el que propone limitar el presupuesto de los congresos estatales a un máximo de 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. 

El problema no es solo el recorte. El problema es la naturaleza de la reforma. Una reforma electoral debería ocuparse de reglas del juego democrático: financiamiento de campañas, sistema de representación, organización electoral, participación ciudadana o fiscalización.

Pero aquí ocurre algo inédito: se pretende regular presupuestos legislativos desde una reforma electoral federal, invadiendo la esfera de las entidades federativas.

Esto abre una pregunta inevitable: ¿Desde cuándo la organización del gasto de los congresos locales es un asunto electoral?

La respuesta es simple: no lo es. Más aún, esta disposición podría vulnerar el principio de autonomía de los estados previsto en el artículo 40 y 116 constitucional, pues la Federación estaría imponiendo límites directos a la organización presupuestal de los poderes legislativos locales. 

Centralismo disfrazado de austeridad

La narrativa oficial insiste en que todo se hace en nombre de la austeridad. Pero la austeridad no puede convertirse en pretexto para debilitar contrapesos democráticos.

Reducir recursos a los congresos locales puede sonar popular, pero en la práctica implica algo más profundo: debilitar la capacidad de fiscalización frente al Poder Ejecutivo local y federal.

Las democracias modernas no funcionan con poderes debilitados, sino con equilibrios institucionales sólidos.

Paradójicamente, mientras se plantea reducir la capacidad institucional de los congresos locales, no existe una evaluación seria del costo real del sistema electoral mexicano, ni evidencia de que el supuesto ahorro genere mejoras democráticas.

Regidurías recortadas, representación recortada

La iniciativa también propone que los ayuntamientos tengan un máximo de quince regidores, independientemente del tamaño del municipio. 

La medida se presenta como eficiencia administrativa, pero puede tener consecuencias graves.

En municipios grandes o metropolitanos, esta reducción implicaría menos representación política y menor pluralidad en los cabildos.

En democracia, reducir representantes no siempre significa mejorar la eficiencia. A veces significa reducir la voz de las minorías.

Revocación de mandato con ventaja para el poder

Otro aspecto preocupante es el rediseño de la revocación de mandato.

La iniciativa permite que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor. Esto rompe un principio básico de neutralidad.

En cualquier mecanismo de evaluación democrática, el gobernante evaluado no debería convertirse en el principal promotor del proceso.

El riesgo es evidente: utilizar el aparato político y comunicacional para convertir un mecanismo de control ciudadano en un plebiscito de ratificación del poder.

Antinomias e inconsistencias constitucionales

Además de los cuestionamientos políticos, la iniciativa presenta posibles inconsistencias jurídicas.

Entre ellas destacan:

Federalismo vs. control central. Limitar presupuestos de congresos locales desde la Constitución federal puede contradecir la autonomía estatal prevista en el artículo 116.

Separación de poderes. Reducir recursos legislativos mientras el Ejecutivo mantiene capacidad presupuestaria plena genera un desequilibrio institucional.

Neutralidad electoral. Permitir que el gobernante sujeto a revocación promueva el proceso puede vulnerar el principio de equidad electoral.

Estas contradicciones anticipan un escenario probable: litigios constitucionales ante la Suprema Corte.

El impacto local: el caso de la Ciudad de México

Si esta reforma prospera, la Ciudad de México también se verá obligada a ajustar el presupuesto de su Congreso al límite del 0.70 % del presupuesto total.

Menor capacidad técnica del Poder Legislativo

Reducción de personal especializado

Menor capacidad de fiscalización

Mayor dependencia política del Ejecutivo

En otras palabras, menos contrapesos y más concentración de poder. Y la historia política nos enseña algo elemental: cuando el poder se concentra, la democracia se debilita. 

La verdadera pregunta

Las reformas electorales deben responder a una pregunta fundamental: ¿fortalecen la democracia o fortalecen al poder?

El llamado Plan B parece orientarse más hacia lo segundo. Reducir recursos a congresos locales, limitar la representación municipal y rediseñar la revocación de mandato para favorecer al gobernante no son pasos hacia una democracia más sólida. Son señales de un modelo político que privilegia la centralización sobre el equilibrio institucional.

La democracia mexicana ha costado décadas de construcción institucional.

Desmontarla, en nombre de la austeridad, sería un error histórico.

Por Ricardo Rubio Torres

Diputado local al Congreso de la Ciudad de México.

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