A la muy complicada agenda de seguridad nacional de nuestro país, respecto a la relación innegablemente estratégica con los Estados Unidos, un nuevo elemento de conflicto amenaza con no solo enturbiar sino afectar de manera sensible las circunstancias actuales y futuras.

La solicitud del Departamento de Estado norteamericano al gobierno de la República Mexicana para extraditar y proceder en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gómez Mendívil, así como otros funcionarios de seguridad municipales y estatales de Sinaloa, necesariamente cimbra el panorama político nacional.

Todos, personas identificadas con el partido en el poder, Morena. Esta inusual circunstancia también afecta otros procesos en curso, como la renegociación del T-MEC, y, también forma parte del clima de tensiones en torno al combate al narcotráfico, más aún cuando recién inició una campaña oficialista contra la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván por no acudir a una “invitación” del Senado para “dialogar” acerca de la presunta participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas en aquella entidad federativa.

A primera vista es demasiado casual la coincidencia de tales circunstancias. Y hay otro elemento: la captura en Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobre quien pesaba una orden de aprehensión internacional por su participación en la multimillonaria trama de robo y tráfico ilegal de combustible conocido como el “huachicol fiscal”, el desfalco más grande al erario mexicano en la historia.

Si se miran juntos, los casos representan la afectación más grave a la seguridad nacional en la historia reciente. Y sus ramificaciones apuntan a convertirse en complicadas circunstancias para el gobierno federal.

¿Cómo actuará el gobierno de México? ¿Cómo responderán el partido oficial y sus voceros, tan prestos a criticar la actuación de la gobernadora Campos Galván e incluso algunos a sugerir su emplazamiento a juicio político?

La sospechosa relación del gobernador Rocha Moya ha sido un muy ruidoso reclamo social, un rumor que crece y crece y que es más que una piedra en el zapato para el gobierno de México, y por cierto, en nada o en muy poco ayuda el hecho de que el gobernador acusado afirme que la acusación no es solo contra él “sino contra la 4T”.

En algo se podría coincidir: este es uno de esos momentos definitorios, y veremos si el gobierno federal está dispuesto a defender al aún gobernador Rocha Moya, acusado de narcotráfico, cuando recién acaba de irse con todo contra la gobernadora Campos Galván, por permitir la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas.

Momentos definitorios y expectativas a uno y otro lado de la frontera. Pero aún más importante: la seguridad nacional y el porvenir de regiones del país dependen de la actuación del gobierno federal en torno a esta coyuntura.

No queda lugar a dudas ni a titubeos. Todo depende de la actuación del gobierno federal mexicano.

POR IVONNE ORTEGA PACHECO

COORDINADORA DE MC EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

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