Imagina esto: una carretera a medio construir es abandonada porque cambió el gobierno, que ahora decide trazar una nueva ruta, aunque eso implique retrasar cinco años más la conexión entre comunidades.

Un tratamiento médico es suspendido a la mitad porque llega otro doctor que decide intentar algo distinto, sin importar el avance logrado

Una escuela en operación es cerrada no por falta de alumnos, sino porque el nuevo modelo educativo no coincide con el anterior.

Un sistema de agua potable es desconectado para instalar otro desde cero, dejando a la población sin servicio durante el proceso.

Un puente recién inaugurado deja de utilizarse porque no lleva el nombre correcto.

Una investigación de años es descartada porque no comenzó en esta administración.

Una casa con cimientos firmes es demolida para volver a excavar… en otro terreno.

Un equipo que ya juega coordinado es reemplazado por completo en medio del partido.

Un incendio que ya está siendo contenido se deja avanzar para cambiar de estrategia.

Una cirugía a corazón abierto es interrumpida porque llega otro equipo médico con una técnica distinta.

Una presa que ya contiene el agua es abierta… para intentar construir otra en otro lugar.

Nada de eso tendría sentido. Nada de eso sería aceptable. Nada de eso resistiría una explicación seria.

Pero en seguridad pública, eso pasa.

Cada seis años —a veces menos— se empieza de nuevo: nuevos diagnósticos, nuevos nombres, nuevas prioridades. Se presenta una estrategia que promete corregir lo anterior, como si todo lo previo fuera prescindible.

Y mientras eso ocurre, la violencia sigue su propio ritmo.

Porque la seguridad no funciona en lógica sexenal. Funciona en procesos largos, acumulativos, que requieren continuidad, evaluación y ajustes sobre lo construido.

Pero hacemos lo contrario: interrumpimos, sustituimos, reiniciamos. Se cancelan líneas de trabajo que apenas comenzaban a dar resultados. Se rediseñan instituciones antes de que maduren. Se pierden capacidades que costaron años construir.

El problema es que la violencia no se reinicia. Las organizaciones criminales no cambian de estrategia cada seis años. Ellas sí acumulan experiencia, perfeccionan sus métodos, consolidan sus redes. Juegan a largo plazo.

Y del otro lado, el Estado vuelve a empezar.

La experiencia es clara: cuando las políticas no se sostienen, los resultados no se consolidan. Lo que se interrumpe constantemente difícilmente genera transformación real.

Cada reinicio cuesta: tiempo, recursos y confianza. Se pierde memoria institucional, se rompen inercias, se diluyen avances que nunca alcanzan a madurar.

Y entonces se instala una idea peligrosa: que la seguridad no funciona.

Cuando en realidad, lo que no funciona… es no dejarla funcionar.

Porque mientras la política cambia… la violencia no espera.

© El Heraldo de México