En los últimos días se ha abierto una discusión pública a partir de reformas constitucionales y legales en materia electoral aprobadas — o en proceso de discusión — en algunas entidades federativas. Estas reformas buscan regular la manera en que debe cumplirse el principio de paridad de género en la postulación a gubernaturas y han adquirido relevancia tanto por su contenido como por las preguntas jurídicas que plantean en relación con el sistema constitucional mexicano. Los casos han sido analizados de manera conjunta por los efectos prácticos que producen y por el tipo de debate que han detonado.

En San Luis Potosí, el Congreso local aprobó en 2025 una reforma constitucional que, mediante un artículo transitorio, establece que en el proceso electoral de 2027 los partidos políticos únicamente podrán registrar mujeres como candidatas a la gubernatura. En Yucatán, por su parte, el Congreso estatal aprobó en 2023 una reforma constitucional que incorporó una regla de alternancia obligatoria en la postulación al Poder Ejecutivo estatal, la cual, dadas las condiciones políticas actuales, conduce en el proceso inmediato siguiente a un resultado idéntico. Estos ejemplos se inscriben en una discusión más amplia sobre cómo deben instrumentarse los principios constitucionales en cargos de elección unipersonal dentro de un Estado federal.

Más allá de las lecturas coyunturales, el debate relevante es de naturaleza estrictamente jurídica. Se trata de un problema clásico del constitucionalismo: la jerarquía de las normas y la distribución de competencias entre el poder constituyente federal y los legisladores locales. La paridad de........

© El Financiero