Por primera vez en la historia reciente del país, el Presidente ordenó iniciar un juicio político en contra de un juez federal por “diversas actuaciones irregulares, cuestionables resoluciones y probables actuaciones ilegales para favorecer a grupos delictivos”. Una acusación particularmente grave que, en condiciones normales, exigiría una denuncia penal en el sigilo de una investigación ministerial, antes que un juicio público en la vitrina del Congreso.

Es cierto que conforme a nuestra Constitución, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ser sancionados por el Congreso de la Unión con su destitución e inhabilitación para ejercer un cargo público. Pero se trata de un mecanismo de naturaleza excepcional para conductas especialmente graves. De entrada, es un procedimiento político, no judicial. No está diseñado para corregir sentencias, ni para reprimir la actuación jurisdiccional en un caso concreto o en una secuela de decisiones. Es, por el contrario, la última trinchera de defensa de la Constitución frente a altos servidores públicos que la traicionan o ponen en riesgo su supremacía.

El sistema constitucional prevé diversos mecanismos de control sobre el poder que ejercen los órganos jurisdiccionales. Sus resoluciones son revisables por otros tribunales a través de medios de impugnación y del juicio de amparo. Existe un órgano especializado en la vigilancia y disciplina de jueces y magistrados que tiene la autoridad para imponer sanciones de naturaleza administrativa, incluida su destitución e inhabilitación. Se les puede investigar, llevar a juicio e imponer sanciones penales por la comisión de delitos. Los controles jurídicos y de responsabilidad están ahí precisamente para reducir el riesgo de que una mayoría política, en procedimientos de libre valoración política que concluyen en veredictos esencialmente políticos, se imponga arbitrariamente sobre otros poderes de la República. Algo sabe López Obrador de esa forma de manipular la justicia.

La decisión de activar este mecanismo excepcional no tiene otra lógica que escalar la hostilización a la independencia judicial. La tendencia no deja dudas: cuestionar sueldos, mermar presupuestos, intimidaciones judiciales y populares, colonizar con leales, amagos constantes de reforma, acusaciones difamatorias, campañas de desinformación. El nuevo escalón es la guillotina política de la mayoría oficial. Rodar cabezas judiciales para quitar grilletes a la transformación.

En un reciente artículo publicado en el Journal of Democracy (enero, 2024) que analiza precisamente el caso de México bajo la presidencia de López Obrador, Zambrano y otros afirman que los poderes judiciales, particularmente las cortes constitucionales, pueden evitar recaídas autoritarias en democracias débiles, si logran resistir las embestidas a su independencia.

La resiliencia judicial a las ofensivas de los poderes mayoritarios, dicen los autores, depende de factores institucionales como la estabilidad, el pluralismo ideológico y el sentido de pertenencia y autopreservación de la judicatura.

Pero sobre todo, de una cultura democrática que sostenga la legitimidad del Poder Judicial como el último garante del pluralismo, la división de poderes y los derechos y libertades fundamentales. Algo así como reflejos de indignación frente al abuso del poder.