Si el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador llegó a compararse con un tsunami, quizá cabe entonces equiparar el descenso con un huracán. No se quiere con el contraste presagiar una crisis de fin de sexenio, pero sí advertir de la necesidad de tomar providencias para conjurar esa posibilidad.
Varias acciones, obras, operaciones, iniciativas y lances presidenciales no están resultando como desearía el mandatario y, en el colmo de la contrariedad, se presentó de nuevo ese jinete que siempre cabalga el temor de los políticos: el poder de la naturaleza. Es la segunda vez que ese factor coloca al presidente contra la pared. Primero fue el virus del Covid 19, ahora el efecto devastador del huracán Otis… y ojalá ahí quede porque, como dicho, en acción el poder de la naturaleza puede colapsar la naturaleza del poder.
Ante esa doble y difícil circunstancia, el Ejecutivo mal no haría en correr con pies de plomo; calibrar qué sí y qué no puede; guardar la serenidad que recomienda a los demás; evitar generar expectativas sin sustento; soltar lastre; y, sobre todo, distinguir los tropiezos de las zancadillas para no atribuir a otros los yerros propios y, así, estar en condición de corregirlos.
Todo lo anterior en aras de cerrar bien el mandato; garantizar el desarrollo de las elecciones sin grandes sobresaltos; favorecer, hasta donde el decoro lo permite, las posibilidades de Claudia Sheinbaum como sucesora; y asegurar una transición si no tranquila, no alterada. No entender el momento y leer en cada línea ágata o en cada crítica un ataque de la cual el mandatario es la víctima no le ayudará a resolver el problema ante el cual se encuentra, sino lo complicará más.
No es hora de sembrar vientos.
Si el mandatario pudo sortear el costo político y económico provocado por la pandemia gracias al factor de la esperanza, pero dejando una estela de luto, dolor y malestar social; ahora, el efecto económico y social del huracán pueden significar una elevada cuantía política, merced a la zozobra. La circunstancia es otra.
Auxiliar de inmediato a la población y replantear (no rehabilitar) Acapulco reclaman rapidez, precisión, recursos, sensatez y planeación. No, como se viene haciendo ahora, sobrevolar el problema, formular promesas incumplibles, convertir al gabinete en cuadrilla de bomberos sin manguera, repartir despensas, adelantar dádivas o engarzar problemas –en este caso una tragedia– con propósitos distintos al de atender a la gente y definir qué hacer en el puerto.
La lentitud en dar los primeros auxilios reveló varias cuestiones. La concentración, el esfuerzo y los recursos federales estaban y están en el sureste del país. A su vez, la atención política estaba puesta en doblegar al Poder Judicial (objetivo logrado) y en evitar que las candidaturas de Morena resulten en la división o la ruptura de Morena.
Asimismo, expuso el costo social de colocar en posiciones de poder a personas sin oficio con tal de expandir el dominio o de satisfacer intereses de grupo o, peor aún, de familia, como lo es el caso de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cuyo padre, el senador Félix Salgado, no tuvo empacho en presumir que, pese al aislamiento y la incomunicación de Acapulco, él sí tenía wifi. De la alcaldesa del puerto, Abelina López, mejor ni hablar.
Es hora de reconocer urgencias y necesidades, fijar prioridades con estrategia, clarificar el mando del gobierno y el movimiento y, como dicho, de soltar lastre político.
Ante este cuadro, no puede dejar de mencionarse a otros actores que poco ayudan a crear condiciones para remontar la tragedia en Acapulco, distender la atmósfera y evitar la formación de un vendaval, justo al finalizar el sexenio.
Del hombre que Marko Cortés sacó del rancho y seguido aparece atrás de Xóchitl Gálvez y al cual reconoce como jefe, el expresidente Vicente Fox, no hay mucho qué decir. En su momento, Fox no pudo con el paquete presidencial y, ahora, por mucho que miente madres no borra su pasado. Y siguiendo su paso, pero a su estilo y de lejitos, tampoco ayudan Ernesto Zedillo y mucho menos Felipe Calderón, quienes al descalificar velada o abiertamente al presidente López Obrador, de seguro, reniegan ser los cocineros del caldo de cultivo de la situación de hoy. Allá ellos, la desmemoria aún no los beneficia.
A su vez, asombra más de un(a) integrante del consejo del Instituto Nacional Electoral. El órgano arbitral de los comicios se ve rebasado por la actuación fuera de ley de candidatos y partidos. Pese a ello, en vez de restaurar y consolidar la autoridad del instituto, fijan criterios sin fundamento legal (paridad de género en las candidaturas, límites a la libertad de expresión) que complican aún más el cuadro sin advertir la tempestad.
Capítulo aparte, la cabeza del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña. Puede celebrarse su tardía disposición al diálogo y a poner sobre la mesa los fideicomisos que antes defendía a toga y birrete, jurando que garantizaban los derechos laborales de los empleados, la debida administración e impartición de justicia, además de la autonomía y la independencia de ese poder. La respuesta a ese súbito giro no es la carta de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, sino el anuncio del recorte al presupuesto de ese poder. ¿A qué juega la ministra?
Si la gestión presidencial abrió con un tsunami, ojalá no cierre con un huracán. Más vale que el conjunto de los actores políticos tome providencias para no hacer de un serio problema, una crisis de fin sexenio que, más de una vez, ha puesto de cabeza al país.
Qué suertuda es la presunta ministra. La situación en la Corte y el relevo en la Universidad casi hacen olvidar el título de su profesión.
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