En el laberinto de la política migratoria contemporánea, México emerge como un actor central, atrapado entre dos muros humanos: las fronteras militarizadas de Estados Unidos y México. Con cifras crecientes de migrantes irregulares en tránsito y llegando a su frontera norte, México enfrenta el desafío de gestionar una crisis humanitaria compleja, en la que se ha convertido en lo que algunos describen como “la jaula más grande de migrantes”.

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que en 2021, aproximadamente 100,000 personas solicitaron asilo en México, un aumento considerable en comparación con años anteriores. Además, las autoridades mexicanas han detenido a más de 200,000 migrantes irregulares anualmente desde 2019, según el Instituto Nacional de Migración. Estas cifras reflejan la magnitud del flujo migratorio que atraviesa México, un país que se ha convertido en más que una nación de tránsito; para muchos, es un destino final o un lugar de espera indefinida.

La política migratoria de México, especialmente bajo la presión de la administración de Trump y continuada en cierta medida bajo Biden, ha llevado a una militarización significativa de sus fronteras. Al norte, el endurecimiento de las políticas estadounidenses ha dejado a muchos migrantes atrapados en el lado mexicano, en condiciones a menudo precarias y sin un camino claro hacia adelante. Al sur, la respuesta de México a las caravanas migrantes procedentes de Centroamérica ha sido igualmente militarizada, creando un segundo “muro humano” que limita el movimiento y las opciones de los migrantes.

La respuesta de México a esta situación ha sido criticada por su enfoque en la contención más que en la protección. Los centros de detención y los campamentos improvisados en la frontera norte están desbordados y carecen de los recursos necesarios para garantizar la dignidad y los derechos de los migrantes. La dependencia de la política migratoria de EE. UU. ha restringido la autonomía de México en esta área, llevando a acciones que a menudo contradicen sus propios principios de derechos humanos.

El coste humano de esta crisis es palpable. Los migrantes, atrapados entre estas dos fronteras militarizadas, enfrentan no solo la incertidumbre legal, sino también condiciones de vida inseguras, acceso limitado a servicios básicos y, en muchos casos, violencia y explotación. México, a pesar de sus esfuerzos por gestionar esta situación, se ha convertido en un espacio donde miles de personas están atrapadas en un limbo, a menudo sin esperanza de avanzar hacia el norte o de regresar a sus países de origen.

La situación actual exige un replanteamiento urgente de la política migratoria de México. Se necesita un enfoque que equilibre la seguridad fronteriza con los derechos humanos, que aborde las causas fundamentales de la migración y que proporcione soluciones sostenibles para aquellos que se encuentran atrapados en este limbo. México debe buscar maneras de ejercer mayor autonomía en su política migratoria, en colaboración pero no en dependencia de Estados Unidos. Solo entonces podrá comenzar a desmantelar la percepción de ser “la jaula más grande de migrantes” y avanzar hacia una gestión más humana y efectiva de esta profunda crisis humanitaria.