La piratería en nuestro país tiene nutridos antecedentes que han permitido su arraigo en nuestro mercado. La tolerancia a la informalidad le da sustento; el contrabando la alimenta; los consumidores la alientan con sus compras; la inexactitud de leyes la cobija y la inmovilidad de las autoridades la fomenta. Las piezas se conjugan para construir el escenario de mayor deterioro que hemos vivido en los últimos tiempos ante la compleja problemática.
La unidad antipiratería de la Fiscalía General de la República, principal responsable de la respuesta oficial para prevenir y contrarrestar esta clase de delitos ha disminuido sensiblemente decomisos y detenciones, al menos desde hace una década. La mayor actividad de confiscación de productos se desprende de los filtros aduaneros, como parte de la vigilancia rutinaria a la que cualquier importación debe ser sometida, pero sin un programa real de capacitación, mejoramiento y medición de resultados.
Ante este panorama, la iniciativa presentada por el diputado del Verde, Juan Luis Carrillo Soberanis, para incrementar la pena de prisión por estos delitos hasta 20 años y sanciones económicas exorbitantes es no solo inviable, sino francamente desorientada. Desde luego se agradece la voluntad del legislador de buscar soluciones, pero basta explorar la narrativa de su propuesta para concluir que no existe entendimiento del tema. Buscar reducir conductas criminales a partir de la sola elevación de sanciones ha sido, no solo en esta clase delitos sino en muchos otros, causa perdida. Es, por decir lo menos, una solución reduccionista a una problemática brutalmente compleja y arraigada.
Basta con recordar que nuestro país incrementó la pena de prisión a 10 años en delitos en materia de marcas y derechos de autor desde mediados de los noventa, con resultados nulos en términos de persecución de estas conductas y reducción de sus índices. La piratería ha seguido creciendo en diversos rubros, y si alguna disminución se ha dado en música o películas, no es por efecto de políticas públicas, campañas disuasivas o leyes intimidantes, sino por cambios tecnológicos que han pulverizado el diferencial de precios que anima a la piratería.
Más allá de conclusiones verificadas sobre los efectos tóxicos que las conductas de competencia desleal provocan en los mercados, en términos de pérdida de plazas formales de trabajo, cierre de empresas legalmente constituidas y evasión de impuestos, existen muchas otras graves consecuencias poco ponderadas. Entre otras, los daños serios a la salud de los consumidores en productos de baja calidad como medicinas, bebidas alcohólicas, refacciones automotrices y productos eléctricos, así como el hecho de que la puerta de entrada a las redes de distribución de falsificaciones suele ser el delito de primer contacto para muchas personas que de ahí escalan a otras actividades criminales.
Si como sociedad verdaderamente decidimos que erradicar la piratería es una forma avanzada de reconocimiento a la propiedad intelectual de terceros y buscamos revertir patrones aprendidos de consumo y civilidad, tendríamos que plantearnos seriamente una reforma integral del sistema legal de prevención y combate a toda forma de comercio ilegal, englobando en ese enfoque al contrabando, el robo de mercancías, la adulteración, la falsificación y la venta de muestras médicas. En ese momento estaríamos hablando de temas de fondo, y no de propuestas que solo distraen y confunden.
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