México, en este preciso momento, está transitando por una ruta ya muy caminada, conocida mundial e históricamente, incluso. La reciente reforma en materia de agua no puede tomarse como un acto legislativo más; no es una simple adecuación en ley.

Nos encontramos, en realidad, ante un nuevo escalón de un Gobierno que en la cima pretende encontrar un control y concentración absoluta del Estado; después de todo, en los hechos, no oculta su interés de control político, de bienes, de servicios, de instituciones que en algún momento fueron descentralizadas o independientes, de derechos que pertenecen únicamente a la ciudadanía.

El discurso es ampliamente conocido, peligrosamente atractivo y seductor: “el agua no es mercancía”, “el agua es un Derecho Humano”, “el Estado debe garantizar su acceso”; y me permitiré traducirlo a la literalidad, puesto que lo que pretendió decir el Estado es: “el agua no debe ser mercancía del ciudadano, sino del Estado”, “el agua es........

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