A cuarenta y siete días de la jornada electoral, lo que debe imperar es la certeza en la organización y el arbitraje de la elección, y la incertidumbre sobre los resultados, esa la despejará la ciudadanía en las urnas. De eso se trata la democracia.

A estas alturas el contraste de las propuestas debería ser el eje de la comunicación para que la ciudadanía terminemos de decidir el sentido de nuestro voto. Sin embargo, ocupan un lugar protagónico actores que deberían estar en un segundo plano.

Lo más preocupante y sobre lo que poco se ha hablado es lo que tiene que ver con la debida integración de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, es decir, de los tribunales federales y locales, los órganos que dirimen las diferencias entre los actores políticos y resuelven las quejas ante probables faltas a la normatividad en la materia.

La cuestión no es menor, se trata de las instancias que dan certeza sobre la legalidad del proceso que llevará a elegir a gobernantes y representantes el próximo 2 de junio y en caso de violaciones graves pueden incluso anular una elección.

Tribunales que tienen que resolver todas las querellas antes de que los funcionarios electos tomen posesión del cargo y antes de que los colegiados de representantes se integren, es decir, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los 31 Congresos........

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