Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

Abelardo de la Espriella (ADLE) ordenó localizar y deportar en forma rápida y masiva a migrantes en situación irregular, que son esencialmente unos 850.000 venezolanos, entre los cuales hay 193.000 niños, niñas y adolescentes. Su justificación: “Devolverle a Colombia la seguridad y la tranquilidad con hechos contundentes”, porque “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Esta decisión es inaceptable desde todo punto de vista y ojalá sea revertida. Por límites de espacio me concentro en seis objeciones.

Primera, porque es inhumana. Tenemos un deber ético de esforzarnos por acoger a los migrantes venezolanos, que viven situaciones muy difíciles, huyendo de una dictadura atroz y de una catástrofe social, como lo mostró, por ejemplo, el estudio que hicieron colegas de Dejusticia sobre la experiencia de mujeres migrantes cuidadoras en Bogotá. Además, tenemos también una deuda de gratitud con Venezuela que, en décadas........

© El Espectador