“La diferencia entre lo que nosotros hacemos [en la JEP] y una ley de punto final es que nuestro trabajo se basa en la verdad,” afirmó en días pasados el presidente de esa institución, Roberto Vidal López, durante una entrevista a El Espectador.

“Las leyes de punto final se utilizaron antes de que existieran la Corte Penal Internacional, la legislación, y la jurisprudencia Interamericana sobre protección de derechos a las víctimas,” nos recordaba con corrección el presidente Vidal López.

Aunque parezca una distinción simple y modesta, esa diferencia hace toda la diferencia. En la práctica, más aún que en la teoría. Y es que las llamadas leyes de punto final y los acuerdos entre gobiernos y victimarios implicaban “pasar la página”. Para el buen entendedor, esto quiere decir que tras haber hecho uso de la violencia del y paralela al estado en forma ilegítima con el fin de desplazar, matar, vaciar la tierra de sus habitantes, ocuparla o apoderarse de ella y de sus riquezas, quienes se beneficiaban económica y políticamente de semejante injusticia histórica daban una pausa a los violentos.

En algunos casos a cambio de su desmovilización temporal y relativa, en otros ni siquiera eso. En ambos casos, se trataba de acuerdos hechos a espaldas de las víctimas, de los desposeídos, los desplazados, los secuestrados, y los desaparecidos. No se trataba de hacer justicia. Antes bien, se trataba de dar la apariencia de cambio, de transición, para que nada cambie. Se trataba de que los beneficiarios de esa violencia originaria mantuviesen sus beneficios —las tierras, el poder, y las riquezas— y que pudiesen continuar adicionando beneficios económicos a esa riqueza acumulada sin que la oscuridad e injusticia de sus orígenes saliera a la luz.

Antes, el objetivo era pacificar y ocultar. Abusar de la ley y las instituciones democráticas para enterrar las evidencias, archivar los procesos, evitar las responsabilidades, y seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Para que la verdad permanezca oculta. Pero si a los políticos, a los poderosos, y a sus medios no les interesa que se sepa la verdad, a los de ayer tanto como los de la actualidad, resulta que la verdad sí interesa a las víctimas.

“Todavía hay actores que quisieran que eso funcionara así. Hoy en día… por fortuna el respeto al derecho de las víctimas ya no permite ese tipo de acuerdos”, como dijo Vidal López. Pues son las víctimas, ellas mismas, quienes reclaman que se conozca la verdad. Y son los beneficiarios de las injusticias históricas quienes buscan evitarlo.

Hoy en día, la verdad es un elemento clave no solo de los derechos humanos y su aspecto legal, sino también y sobre todo en términos prácticos: hacer posible la construcción de una humanidad más integral y un futuro más justo para todos. Es tan importante como pueden serlo las reparaciones y otros remedios, y el que los abusos, el saqueo, y los crímenes no se repitan.

Más aún, quizás, dado que vivimos en un momento en el que la mentira y la posverdad se normalizan y junto a ellas ganan terreno las formas más “iliberales” y antidemocráticas. Es el caso no solo en Colombia, también en Europa y Asia, en África y en Oriente Medio. Es por ello por lo que la experiencia de Colombia, y de la JEP en particular, interesa tanto en el exterior. Es por ello por lo que importa tanto el aporte que puedan hacer los victimarios desde las diversas perspectivas de la guerra al esclarecimiento de la verdad.

Es una demanda de las víctimas en Colombia, en Ucrania, en Gaza y en todos los eventos en los que la guerra mate, secuestre, y desplace para permitir la ocupación, el saqueo, y el beneficio de unos en detrimento de la vida y la dignidad de otros. También para que podamos darle valor a la injusticia histórica y de esa manera imaginar fórmulas diferentes con el fin de financiar y realizar futuros diferentes en los que a las mujeres, a los niños, y a los que parecen o piensan diferente se les incluya de una vez por todas en ese conjunto inacabado que llamamos humanidad.

En unas semanas tendrá lugar en Europa una muy importante reunión en la que una veintena de las personas más experimentadas en el mundo en los temas de paz, solución de conflictos, y justicia intentarán darnos luces para enfrentar la oscuridad actual y la que viene. En la agenda de dicha reunión, el ejemplo de Colombia, y el de la JEP, son centrales. Quienes hacen posible esa labor ejemplar, con enorme sacrificio personal, merecen toda nuestra gratitud y respeto.

P.S. Me han pedido que respalde la candidatura de Leopoldo Múnera al rectorado de la Universidad Nacional. Lo hago con convicción y en reconocimiento de su trayectoria y experiencia.

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13.03.2024

“La diferencia entre lo que nosotros hacemos [en la JEP] y una ley de punto final es que nuestro trabajo se basa en la verdad,” afirmó en días pasados el presidente de esa institución, Roberto Vidal López, durante una entrevista a El Espectador.

“Las leyes de punto final se utilizaron antes de que existieran la Corte Penal Internacional, la legislación, y la jurisprudencia Interamericana sobre protección de derechos a las víctimas,” nos recordaba con corrección el presidente Vidal López.

Aunque parezca una distinción simple y modesta, esa diferencia hace toda la diferencia. En la práctica, más aún que en la teoría. Y es que las llamadas leyes de punto final y los acuerdos entre gobiernos y victimarios implicaban “pasar la página”. Para el buen entendedor, esto quiere decir que tras haber hecho uso de la violencia del y paralela al estado en forma ilegítima con el fin de desplazar, matar, vaciar la tierra de sus habitantes, ocuparla o apoderarse de ella y de sus riquezas, quienes se beneficiaban económica y políticamente de semejante injusticia histórica daban una pausa a los violentos.

En algunos casos a cambio de su desmovilización temporal y relativa, en otros ni siquiera eso. En ambos casos, se trataba de acuerdos hechos a espaldas de las víctimas, de los desposeídos, los desplazados, los........

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