El presidente Petro utiliza de manera recurrente el término “decencia” para calificar sus propuestas y gestión. Este concepto, que encapsula integridad moral y comportamiento ético, sirve de cimiento para la construcción de confianza solo si se acompaña de hechos que lo reflejen.

Apelando a la decencia, el Gobierno adhirió a las movilizaciones convocadas por Fecode, a las que el presidente llamó “marchas por la decencia”, las cuales quedaron manchadas por un grupo de personas que rodearon en forma beligerante las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Poco decente fue que el Gobierno minimizara los actos coercitivos en contra de la Corte denunciados públicamente por los magistrados.

¿Será decente, además, en un país con mediocre desempeño en las pruebas PISA, en medio de un sistema educativo fracasado –según el mismo presidente declaró–, y con las justas reivindicaciones de los maestros, que el sindicato que los representa done una fortuna de 500 millones de pesos a una campaña política, lo que originó la indagación de la Fiscalía que dio pie a la protesta? No lo creo.

Tampoco es decente que Petro se le atraviese a la autonomía de las ramas del poder público, de la que un presidente debe ser garante, para presionar la elección de quien será la jefe de la entidad que investiga a su propio hijo por conductas indecentes. Lo digno sería abstenerse de opinar, pero el presidente insiste en su propio entendimiento de la decencia para inferir que él sí la tiene. Cuando dijo: “hay a quienes les molesta la decencia de la terna”, es como si la Corte no la tuviese al dudar de las capacidades de la terna presentada. Tampoco fue muy decente ver en la marcha a funcionarios del Gobierno, como los del SENA, con sus aprendices en fila y a la recién posesionada superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, arengando en la plaza pública mientras los colombianos les pagamos por ejercer sus funciones.

Pasando a otros asuntos, no es decente que el Gobierno guardara silencio frente a la dictadura de Venezuela por la inhabilitación de María Corina Machado, haciéndole conejo al Acuerdo de Barbados y convirtiéndolo, más bien, en un tácito acuerdo entre bárbaros para menoscabar la democracia venezolana. Tampoco lo fue sacarse de la manga una embajada a la medida de Armando Benedetti, poniéndonos a pagar el precio de un silencio que con seguridad será temporal, porque temporales son casi siempre los pactos turbios que envuelven secretos oscuros. Por otro lado, decente sería que la primera dama costeara ella misma sus propios recursos, si es que continúa decidida a no dejar una huella en lo social en el Gobierno de la Colombia humana y progresista. Estos son solo algunos ejemplos de lo que la mayoría de los colombianos entendemos por decencia y de cómo vemos lo indecente.

El presidente debería darnos menos clases de decencia y dedicarse a enfrentar los graves asuntos en los que tiene sumida a Colombia, con la decencia y la clase que se le demanda a un gobernante. Mientras tanto, la Corte debe nombrar ya a la nueva fiscal, tal y como se lo pidió la CIDH. Esperemos que así regrese la menoscabada decencia a la Fiscalía General de la Nación.