Colombia tiene seis regímenes penales —justicia ordinaria, penal militar, Justicia y Paz (JP), JEP, especial indígena y fuero de altos funcionarios—, de los cuales dos (JEP y JP) son transicionales, creados para manejar violaciones de derechos humanos tan masivas y sistemáticas que el sistema judicial tradicional no les da respuesta adecuada. Los pilares de ambos son verdad, justicia, reparación y no repetición. En JP los magistrados se escogen con las reglas electorales de la rama Judicial y la Corte Suprema, y en su autonomía dependen de dicha rama, mientras que en la JEP los magistrados fueron escogidos por un comité especial, compuesto por tres extranjeros y dos nacionales, todos de izquierda; la JEP es autónoma administrativa y presupuestalmente, tiene un régimen legal propio. En JP, una fiscalía independiente hace esta labor, mientras que en la JEP el magistrado inicialmente es quien investiga y acusa, generando un “yo con yo”. El procedimiento de JP es abreviado y eficiente: el postulado confiesa, la fiscalía imputa cargos, se adelanta el incidente de reparación y se dicta la sentencia. En la JEP, por diseño, hay ocho instancias: tres salas, una fiscalía y cuatro secciones que facilitan que los procesos vayan y vengan sin cesar, dilatando por diseño el enjuiciamiento que deriva en impunidad. JP se basa en la versión que rinden los propios postulados, y si omiten o dicen mentiras, pueden ser expulsados, mientras que la JEP se basa fundamentalmente en la información que ella recoja y les impute a los sometidos, para ver si estos reconocen o no la responsabilidad; por lo tanto, el peso de la verdad y la información recae en la JEP y en el Estado, y nada en los victimarios, que van en coche. Por la naturaleza de las penas, en JP la sanción es ocho años de prisión física; en la JEP no hay penas ni retributivas ni intramuros, solo restaurativas; es decir, que no pagan ni un día de cárcel. Frente a las víctimas y su indemnización, en JP el postulado debe entregar los bienes e indemnizar a la víctima, al tiempo que hay un fondo de reparación integral; hasta la fecha, han pagado a las víctimas varios millones de dólares. En la JEP no habrá condena de reparación dineraria y las víctimas no verán ni un peso, y por ello deben recurrir a otros espacios administrativos o judiciales, protegiendo la inmensa renta criminal de las FARC, y que sea el Estado el que pague.

JP tiene 14 magistrados y en el año 2024 nos cuesta $26.181 millones, mientras que la JEP tiene 136 magistrados: 20 de tribunal, 60 auxiliares, dos auxiliares de presidencia, 18 en las salas y 36 de movilidad recientemente creados, y en el 2024 nos cuesta a los contribuyentes $690.000 millones; JP cuesta algo menos del 4 % de la JEP, y en los cerca de 17 años ha condenado a 856 personas (postulados), mientras que los cerca de siete años de funcionamiento de la JEP en no hay ninguna condena (sometidos).

Es claro que la JEP, además de ser un mecanismo para evadir a la CPI, como lo expuse en mi columna anterior, está dejando impunes los crímenes e intactas las fortunas de las FARC. ¿No sería más lógico, justo y eficiente pasar la JEP a Justicia y Paz y unificarlas? Finalmente, es un descaro de los victimarios que se quejen de semejante autojusticia y, además, quieran ley de punto final.